JUCIL y AUGC exigen blindar la cadena de custodia de expedientes judiciales y piden garantías ante la adquisición de esta herramienta informática.
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Las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil han expresado su profunda inquietud ante la Dirección General del cuerpo tras conocer la tramitación de un expediente para implantar un software de borrado seguro e irreversible de archivos digitales. Portavoces de colectivos como JUCIL y AUGC han advertido de que la puesta en marcha de este sistema de sobreescritura podría llegar a «comprometer gravemente procedimientos judiciales y penales en curso», así como diligencias internas o requerimientos dirigidos por la Fiscalía y los tribunales.
La polémica suscrita por esta contratación coincide temporalmente con la instrucción abierta en la Audiencia Nacional en relación con el denominado ‘caso Leire Díez’, una causa incoada por el magistrado Santiago Pedraz en la que se investigan presuntas presiones a agentes y en la que constan como imputados la propia directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Del mismo modo, el expediente se tramita en paralelo a las pesquisas judiciales impulsadas por la jueza María Tardón sobre la crisis migratoria de Ceuta, procedimiento en el que se ha requerido numerosa documentación al instituto armado.
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Desde la asociación JUCIL, su secretario general, Ángel Ignacio Lezcano, ha solicitado que se establezcan mecanismos de bloqueo legal y salvaguardas para «blindar cualquier evidencia» vinculada a macrocausas y casos de corrupción de relevancia mediática. Aunque los representantes de los agentes admiten que la destrucción de soportes en desuso es una exigencia del Esquema Nacional de Seguridad y de la normativa de protección de datos, inciden en que la irreversibilidad del proceso exige delimitar con absoluta precisión qué información debe preservarse obligatoriamente por su valor probatorio o judicial.
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Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado la falta de transparencia con la que se ha tramitado la adquisición, al no haber sido informados previamente los representantes de los trabajadores en el Consejo de la Guardia Civil. El colectivo reclama la elaboración urgente de una normativa interna que determine quién tendrá la potestad para autorizar las eliminaciones de datos, qué órganos auditarán los registros de borrado y bajo qué protocolos de trazabilidad se garantizará que no se vulnere la cadena de custodia ni los procedimientos legales de valoración documental.
