El Congreso de los Diputados se prepara para abordar una situación poco común tras el rechazo del Senado a la ley que busca convalidar penas de cárcel cumplidas en otros países de la Unión Europea. Esta normativa, que podría beneficiar a ciertos presos de ETA, ha generado un intenso debate político.
El pleno del Senado, dominado por la mayoría del Partido Popular (PP), rechazó la ley, interpretando este resultado como un veto. El presidente del Senado, Pedro Rollán, decidió devolver el texto al Congreso para su aprobación definitiva, lo que ha suscitado diversas reacciones políticas.
Desde el PSOE y su socio de gobierno, Sumar, se ha manifestado que no consideran necesario un nuevo debate en el pleno del Congreso. Argumentan que la ley podría enviarse directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) sin más dilaciones.
La decisión ahora recae en los servicios jurídicos del Congreso y su presidenta, Francina Armengol, quienes deben determinar si se convoca un nuevo pleno o si se procede con la publicación de la ley en el BOE. Este proceso es inusual, ya que un veto del Senado generalmente requiere una enmienda de totalidad previa, algo que no ocurrió en este caso.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha declarado que no se trata de un veto, sino de una votación en contra, lo que permitiría que la ley se publique directamente. Según López, el procedimiento reglamentario para un veto no se ha cumplido en esta ocasión.
Por otro lado, el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, ha defendido la reforma legal como una exigencia europea, no una iniciativa de su partido. Matute ha criticado la «emocionalidad impostada» de algunos grupos políticos en torno a este tema.
En paralelo, el Congreso también debate una propuesta del PP para reformar la ley electoral, buscando excluir de las listas electorales a condenados por terrorismo que no se hayan arrepentido ni pedido perdón a las víctimas. Esta iniciativa surge tras la inclusión de varios condenados por ETA en las listas de EH-Bildu para las elecciones de mayo de 2023.
La propuesta del PP implica modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para exigir que los candidatos condenados por terrorismo demuestren su rechazo al terrorismo, su arrepentimiento y su colaboración con la justicia.
Este complejo escenario legislativo refleja las tensiones políticas en España y la importancia de las decisiones que se tomen en el Congreso en los próximos días.
