El Consejo de Ministros aprueba la reforma del artículo 43 para garantizar la prestación en la sanidad pública, aunque necesitará el apoyo del PP para prosperar.
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MADRID – En un movimiento de calado histórico y jurídico, el Gobierno de España ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar la Constitución y blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La iniciativa busca elevar este derecho al rango constitucional a través de la modificación del artículo 43 de la Carta Magna, asegurando su ejercicio gratuito y efectivo en el sistema público de salud.
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El núcleo de la reforma: Garantía prestacional
La propuesta, que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado, pretende añadir un cuarto punto al artículo 43. El texto propuesto establece que:
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«Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias».
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que el objetivo principal es corregir la anomalía actual en el sistema: hoy en día, el 79% de los abortos se derivan a clínicas privadas, mientras que solo el 20% se realizan en centros públicos. «Estamos blindando la dimensión prestacional del derecho, que es lo que está en riesgo», ha incidido la ministra tras la reunión en La Moncloa.
Un camino parlamentario «complejo»
Pese a la determinación del Ejecutivo, la aritmética parlamentaria presenta un desafío mayúsculo. Al tratarse de una reforma constitucional por el procedimiento ordinario, el Gobierno se enfrenta a dos escenarios:
- Mayoría de tres quintos: Requiere un consenso amplio tanto en el Congreso como en el Senado.
- Comisión Paritaria: En caso de no alcanzarse los tres quintos, se podría intentar con dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
En ambos supuestos, el papel del Partido Popular (PP) es determinante. Con mayoría absoluta en la Cámara Alta, los populares tienen la llave para aprobar o bloquear la reforma. Hasta el momento, el PP se ha mostrado reacio a apoyar este cambio constitucional, lo que augura una tramitación tormentosa.
Protección frente a «dinámicas regresivas»
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido que esta medida es necesaria para proteger la autodeterminación de las mujeres frente a posibles retrocesos políticos. El Ejecutivo sostiene que, aunque la libertad legal no esté en riesgo inmediato, sí lo está la capacidad de ejercer ese derecho de forma igualitaria en todo el territorio nacional.
«Daremos la batalla porque los derechos de las mujeres no estén en riesgo», ha reiterado Redondo, quien confía en que las fuerzas políticas «estén a la altura» de una demanda social que considera mayoritaria. Tras este primer paso legal, se iniciará una ronda de contactos con las comunidades autónomas y los grupos de la oposición para buscar un consenso que, hoy por hoy, parece lejano.
