La Sala de lo Contencioso-Administrativo celebra cinco vistas sucesivas para escuchar los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, Vox y diversas asociaciones que exigen frenar el proceso.
MADRID. — El Tribunal Supremo ha iniciado el análisis formal para decidir si suspende provisionalmente el real decreto del Gobierno que pone en marcha la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de personas migrantes en España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha celebrado una serie de cinco vistas sucesivas destinadas a escuchar los argumentos tanto de los recurrentes como de la Abogacía del Estado.
El proceso, que comenzó a tramitarse el pasado mes de abril, se enfrenta a la petición de una paralización cautelar por parte de cinco actores políticos y sociales: el Gobierno de la Comunidad de Madrid (presidido por Isabel Díaz Ayuso), el partido político Vox, y las organizaciones Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y la Asociación Libertad y Justicia.
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Los argumentos de la oposición al decreto
Los diferentes recursos admitidos a trámite coinciden en solicitar la suspensión inmediata del proceso antes de que se cumpla la fecha límite de presentación de solicitudes, fijada para el próximo 30 de junio.
Entre los argumentos esgrimidos, el Gobierno regional de Madrid sostiene que la medida impacta gravemente en la sostenibilidad y prestación de los servicios públicos autonómicos (como la sanidad y la educación) al no haberse articulado mecanismos de financiación adicionales. Asimismo, alegan que el decreto podría contravenir normativas de la Unión Europea y afectar a la seguridad nacional. Por su parte, formaciones como Vox califican la regularización de «insostenible», mientras que otras asociaciones denuncian la reducción de los plazos de arraigo requeridos o la flexibilización de criterios administrativos.
La postura del Gobierno: defensa del interés general
Frente a las peticiones de paralización, la Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo central, solicita al Tribunal Supremo que rechace las medidas cautelares al considerar que una suspensión dañaría «gravemente el interés general» y dejaría a miles de personas en un «vacío legal» o en una «situación irregular sobrevenida».
Los servicios jurídicos del Estado rebaten que el proceso sature los servicios públicos, argumentando que los extranjeros potencialmente beneficiarios ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y, por tanto, ya son usuarios habituales de la sanidad y otros servicios públicos garantizados por ley. La Abogacía recalca que la regularización lo que permitirá es el «acceso al pleno ejercicio de sus derechos», destacando el derecho al trabajo, lo que contribuirá a la economía nacional mediante la cotización y la salida de la economía sumergida.
Próximos pasos judiciales
En estas sesiones el Alto Tribunal no entra a juzgar el fondo del asunto —es decir, si el real decreto es o no plenamente legal—, sino estrictamente si se debe congelar la aplicación de la norma de manera preventiva mientras se resuelve el litigio principal. Tras la celebración de las vistas correspondientes, se espera que los magistrados emitan su dictamen sobre las medidas cautelares en los próximos días, en un momento en que el proceso de regularización cumple su primer mes de vigencia con un volumen de solicitudes que superó las 200.000 en sus primeras dos semanas.
