Tras la decisión judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los profesionales de las relaciones institucionales defienden la legitimidad de su labor frente al tráfico de influencias y lamentan el bloqueo de la ley de transparencia.
MADRID – La reciente imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha vuelto a sacudir al sector de los lobbies en España. Los profesionales de las relaciones institucionales han reaccionado reivindicando la legitimidad de su profesión y exigiendo, una vez más, la aprobación urgente de una normativa clara que regule de forma estricta sus actividades y limpie su imagen pública.
Desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), su vicepresidenta, Irene Matías, ha querido marcar una línea tajante entre la actividad de representación y las conductas delictivas: «Hay un abismo entre un ‘lobby’ y el tráfico de influencias, un delito que define el Código Penal y que implica pagos opacos y el aprovechamiento irregular de una posición privilegiada; es algo totalmente contrario a la representación legítima de unos intereses», declaró en declaraciones a la Agencia EFE.
El impacto de los estereotipos de las «puertas giratorias»
Casos de gran repercusión mediática como la investigación a Zapatero o los antecedentes de pesquisas a firmas fundadas por ex altos cargos —como Equipo Económico, del exministro Cristóbal Montoro— devuelven de manera cíclica la sombra de la sospecha sobre todo el sector. Desde las organizaciones profesionales se lamenta que la opinión pública se quede con el estereotipo del expresidente o exministro que opera en las esferas del poder sin ningún tipo de control, desvirtuando una profesión que en España cuenta con un alto grado de cualificación (el 99% tiene estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho).
El malestar también ha calado en la esfera política. Esta misma semana, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, reflejaba la inquietud parlamentaria al preguntarse públicamente dónde se sitúa la frontera exacta que separa el legítimo ejercicio de los grupos de interés de las prácticas delictivas de tráfico de influencias.
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Una ley clave encallada en el Congreso
La principal solución que reclama el sector es la reactivación de la ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, cuyo proyecto fue remitido por el Gobierno al Congreso a finales de enero del año pasado. Pese a superar las primeras trabas parlamentarias, la iniciativa ha quedado aparcada durante meses en la Cámara Baja ante la manifiesta dificultad de los grupos políticos para cerrar los consensos necesarios.
La norma, que cuenta con más de un centenar de enmiendas registradas y cuya ponencia comenzó a andar en noviembre, persigue tres pilares fundamentales que el sector considera clave para su seguridad jurídica:
- Registro público y obligatorio: Creación de un censo oficial donde deban inscribirse todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Establecimiento de normas de comportamiento ético y un régimen sancionador para quienes las incumplan.
- Huella legislativa: Obligación de publicar un informe detallado que plasme de forma transparente qué colectivos o empresas han participado e influido en la redacción de cada ley.
España, un actor relevante en Bruselas
A falta de una regulación de ámbito nacional, muchas empresas y consultoras españolas operan bajo los estándares europeos. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 organizaciones españolas están inscritas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto posiciona al lobismo español como uno de los más activos en Bruselas, solo superado por Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la ley específica para regular estas actividades sigue congelada, el debate también pone el foco en las limitaciones de la actual Ley de Altos Cargos. Aunque esta impone un periodo de incompatibilidad de dos años tras el cese, las autorizaciones concedidas de manera habitual por la Oficina de Conflicto de Intereses para que exmandatarios pasen a empresas privadas o consultoras de asuntos públicos continúan alimentando el debate social y la urgencia de redefinir las normas del juego.
