El Gobierno central ha bloqueado la tramitación parlamentaria de la propuesta para reconocer la jubilación anticipada a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La medida, que impacta directamente en las plantillas destinadas en Ceuta, ha sido justificada por el Ejecutivo por el impacto económico en la Seguridad Social.
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El Gobierno de España ha comunicado su veto a la tramitación de la iniciativa parlamentaria que pretendía reducir la edad de jubilación para los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La decisión se fundamenta en el impacto presupuestario que la aplicación de los coeficientes reductores tendría sobre las arcas públicas y la Seguridad Social.
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La propuesta legislativa, promovida por el Partido Popular, buscaba aplicar un coeficiente reductor del 20 % en los años cotizados para recortar la edad de retiro en estos cuerpos de seguridad, así como en el Servicio de Vigilancia Aduanera y en el régimen de clases pasivas para mayores de 60 años. El texto fijaba como requisitos mínimos contar con al menos 35 años de servicio acreditados y haber cumplido los 59 años.
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La resolución ha generado un fuerte malestar en las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales con representación en Ceuta. Desde Jucil se ha denunciado la postura del Ejecutivo al considerar que sitúa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como «agentes de segunda» en comparación con las policías autonómicas, recordando además la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo que emplazaba a corregir estas diferencias retributivas y de retiro.
Por su parte, desde el colectivo Jupol han llamado a la calma para continuar las negociaciones sobre la consideración de profesión de riesgo para el personal integrado en clases pasivas. Sin margen de avance en la vía parlamentaria, las organizaciones de la Guardia Civil y de la Policía contemplan la vía judicial como el siguiente escenario para defender sus demandas retributivas y de jubilación.
