En el marco de la investigación que relaciona a la exdirectiva de Correos Leire Díez con presuntas irregularidades y favoritismos, el magistrado pregunta al Ministerio Público si debe atribuir responsabilidades al exgerente de la compañía, Juan Cerdán, para salvaguardar los derechos de otra de las personas implicadas.
La instrucción judicial vinculada al caso que investiga la gestión de contratos en Correos arroja un nuevo interrogante sobre quién debe asumir la responsabilidad: el juez a cargo del caso ha preguntado formalmente a la Fiscalía si corresponde imputar a Juan Cerdán, exgerente de la empresa postal pública, en el caso de Leire Díez.
La pregunta del magistrado no es menor: imputar a Cerdán podría afectarle, pero también permitiría definir con claridad cómo se repartieron las responsabilidades internas en la compañía. El juez argumenta que una imputación podría clarificar si las decisiones polémicas se tomaron de forma individual o con conocimiento y apoyo de la alta dirección.
El otro nombre clave en la ecuación es Miguel Bernad, otra figura relevante en la trama que podría verse perjudicada si solo se imputara a Díez. Según el juzgado, dejar fuera a Cerdán sin investigarlo podría plantear un desequilibrio procesal, ya que se estarían limitando las posibilidades de defensa, tanto para él como para Bernad.
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La petición de aclaración a la Fiscalía se considera estratégica: si el ministerio público recomienda continuar con la imputación de Cerdán, se abriría una nueva vía dentro de la investigación que podría elevar la presión sobre los responsables y enriquecer el relato del sumario.
Mientras tanto, la causa sigue su curso con un enfoque cada vez más amplio. La estructura de contratos, el papel de los directivos y la posible influencia de Díez en la adjudicación de servicios siguen siendo piezas fundamentales para desentrañar la red investigada.
Este paso no solo marca una fase clave en la instrucción, sino también la voluntad del juez de construir un caso sólido y exhaustivo antes de avanzar a posibles acusaciones más graves. La intervención de la Fiscalía será decisiva para determinar cómo se distribuyen las responsabilidades entre los implicados.
