El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dicta el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, junto a Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez, aunque excluye el delito de intrusismo profesional.
El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dictado un auto por el que acuerda el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Tras dos años de diligencias, el instructor considera que existen indicios suficientes para avanzar hacia la apertura de juicio oral, si bien ha decidido dejar fuera de la causa el delito de intrusismo profesional por el que también se la investigaba hasta el momento.
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La resolución judicial, emitida tras la vista celebrada el pasado 1 de abril, marca un punto de inflexión en el procedimiento. El juez Peinado ha otorgado un plazo de cinco días a las partes personadas para que se pronuncien sobre los extremos que consideren oportunos en relación con la apertura del juicio. Esta decisión judicial no solo afecta a Gómez, sino que se extiende también al empresario Juan Carlos Barrabés y a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, quienes también han sido procesados en el marco de esta investigación.
Dos años de instrucción y ampliación de querellas
La causa judicial tuvo su origen en abril de 2024, motivada inicialmente por una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. A lo largo de la instrucción, el objeto del proceso se vio ampliado mediante querellas posteriores impulsadas por las organizaciones Hazte Oír y el partido político Vox. Las pesquisas se han centrado fundamentalmente en dos vías de investigación diferenciadas pero conectadas por la actividad de la procesada.
Por una parte, el instructor ha analizado la actividad profesional de Begoña Gómez en su relación con diversos empresarios y su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Por otra parte, la justicia ha tratado de determinar si se produjo un desvío de fondos públicos mediante la contratación de Cristina Álvarez. Según la investigación, Álvarez, en su condición de asesora en Presidencia del Gobierno, habría colaborado tanto en la actividad institucional como en la «actividad privada» de la mujer de Pedro Sánchez.
Delitos imputados y exclusión del intrusismo
A pesar de que el juez mantiene los cargos por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, el auto aclara que no concurren indicios suficientes para mantener la acusación por intrusismo profesional. Con este paso, el magistrado Peinado encara la recta final de una instrucción que ha concitado una elevada atención pública y jurídica, centrada en el uso de recursos públicos y la naturaleza de las relaciones profesionales de la esposa del jefe del Ejecutivo.
