La propuesta del Gobierno para integrar a Ceuta y Melilla en Schengen y la Unión Aduanera se basa en el documento elaborado por el exeurodiputado Jordi Cañas. Sin embargo, la letra pequeña jurídica advierte que el ‘atajo’ para ser RUP solo se aplica a territorios de ultramar.
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Un plan con cuatro años de recorrido
El plan anunciado el pasado 3 de septiembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso para reforzar el encaje de Ceuta y Melilla en la Unión Europea reproduce las líneas maestras de un informe técnico titulado «Ceuta y Melilla: + España + Europa».
Este documento de 124 páginas fue presentado en el Parlamento Europeo el 1 de junio de 2022 por el entonces eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas —impulsado tras la crisis migratoria de mayo de 2021— y ya planteaba los tres ejes puestos ahora sobre la mesa por el Ejecutivo:
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- Integración en la Unión Aduanera (TAU): Superar la condición de «terceros Estados» a efectos comerciales y armonizar el marco arancelario manteniendo el IPSI.
- Incorporación al espacio Schengen: Poner fin a los controles documentales en los desplazamientos hacia la Península, sirviendo además como medida de disuasión frente al contrabando.
- Estatuto de Región Ultraperiférica (RUP) o uno asimilado: Acceder a fondos europeos específicos y políticas de cohesión.
El escollo jurídico: el ‘atajo’ de los territorios de ultramar
Aunque los objetivos coinciden, la principal diferencia radica en la viabilidad legal señalada en la «letra pequeña» del informe.
Mientras que el mecanismo simplificado del artículo 355.6 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) permite un cambio rápido de estatus —como hizo Francia con Mayotte en 2011—, el documento técnico advierte que este atajo está reservado exclusivamente a territorios calificados como de «ultramar», categoría que no incluye a Ceuta y Melilla por ser territorio pleno de un Estado miembro.
Por este motivo, de no aplicarse esa vía simplificada, la inclusión de ambas ciudades requeriría la reforma ordinaria de los Tratados europeos, un proceso farragoso que exige unanimidad y la ratificación de los Veintisiete. Esta complejidad jurídica obligó posteriormente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a matizar que el Ejecutivo prioriza la sustancia sobre la denominación, abriendo la puerta a negociar un estatus similar al de las RUP sin necesidad de reabrir los Tratados.
Una estrategia para blindar la protección europea
Más allá del debate formal sobre su catalogación, la tesis de fondo del documento de 2022 que ahora asume el Gobierno defiende que una mayor integración institucional en Bruselas incrementará la implicación de la Unión Europea en la protección política, económica y fronteriza de las ciudades autónomas, trascendiendo el marco de la mera relación bilateral entre España y Marruecos.
