MADRID – El Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para vetar una iniciativa de la oposición que buscaba investigar el «fiasco» financiero derivado de la expansión de Canal de Isabel II en Iberoamérica. La decisión cierra la puerta a una auditoría específica sobre las pérdidas millonarias que han dejado las sociedades filiales en el extranjero, un caso que la izquierda califica de «agujero patrimonial sin precedentes».
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El origen del conflicto: filiales bajo sospecha
La controversia se centra en la gestión de Canal Extensia, la rama encargada de las inversiones internacionales de la empresa pública madrileña. Según los informes que han motivado la petición de la oposición, la aventura exterior del Canal ha derivado en una devaluación masiva de activos y en procesos judiciales que podrían costar a las arcas públicas decenas de millones de euros.
La oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) coincidía en la necesidad de que la Cámara de Cuentas analizara en profundidad la liquidación de estas filiales, especialmente tras los escándalos de corrupción previos (como el caso Lezo) que ya habían salpicado la gestión de la empresa en países como Colombia y Brasil.
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Los argumentos del veto
Desde el grupo parlamentario popular han justificado su negativa argumentando que la empresa ya está sometida a controles legales estrictos y que la petición de la oposición solo busca «estirar un chicle político» para desgastar la gestión de Isabel Díaz Ayuso. El PP sostiene que las cuentas de Canal de Isabel II son públicas y transparentes, y que no es necesaria una comisión o fiscalización extraordinaria para hechos que, según su visión, ya están siendo gestionados técnica y jurídicamente.
Por el contrario, los portavoces de la oposición han denunciado una política de «opacidad» y «proteccionismo». Acusan al Ejecutivo autonómico de impedir que los madrileños conozcan el alcance real del agujero económico y de evitar que se depuren responsabilidades por una gestión comercial que consideran negligente.
Un impacto millonario
Aunque la cifra total del perjuicio económico sigue siendo objeto de debate debido a la falta de esta auditoría específica, las estimaciones sugieren que las pérdidas acumuladas por la salida desordenada y los pleitos internacionales de las filiales americanas superan con creces los 100 millones de euros.
Con este veto, el Partido Popular logra blindar, al menos de momento, la gestión de la mayor empresa pública de la región frente al escrutinio del parlamento autonómico, mientras la oposición estudia ahora otras vías legales o administrativas para forzar la transparencia en las cuentas del Canal.
