Madrid, 5 de mayo de 2026 — El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha irrumpido en la polémica sobre el caso Koldo con unas declaraciones cargadas de ironía y dureza contra el Partido Popular. Bolaños ha interpretado el cambio de estrategia judicial de los populares como una prueba explícita de una alianza entre la formación de Alberto Núñez Feijóo y el empresario Víctor de Aldama.
«Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos«, ha sentenciado el ministro, sugiriendo que la rebaja de la petición de pena (de siete años a cinco años y medio) responde a un interés mutuo.
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Diferencias entre la estrategia del PP y la Fiscalía
Bolaños ha marcado una línea divisoria clara entre la actuación de la acusación popular liderada por el PP y la postura del Ministerio Público. Preguntado por el criterio de la Fiscalía en esta misma causa, el ministro ha blindado su autonomía:
- Criterios técnicos: Según Bolaños, la posición de la Fiscalía se basa estrictamente en valoraciones técnicas y no políticas.
- Respeto institucional: El ministro ha reiterado el «respeto absoluto» del Gobierno y del Ministerio de Justicia hacia las decisiones adoptadas por el Ministerio Fiscal «en su conjunto».
Silencio sobre la denuncia personal por soborno
A pesar de la contundencia de sus ataques al PP, el ministro ha mantenido un perfil bajo respecto a su frente judicial personal con el empresario. Bolaños ha evitado hacer comentarios sobre la denuncia que él mismo interpuso contra Víctor de Aldama, después de que este último afirmara públicamente que el ministro había intentado recibir un soborno.
«El PP tendrá que explicar por qué el que se ha llevado millones en comisiones andaría libre por la calle», han coincidido diversas fuentes del Gobierno en línea con las palabras del ministro.
Reacciones políticas
Esta comparecencia escala la tensión entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición, en un escenario donde las acusaciones populares y los pactos con investigados están marcando el ritmo de la legislatura. Mientras el PP ajusta sus conclusiones judiciales, el Gobierno aprovecha el movimiento para cuestionar la integridad de la estrategia de los populares en la lucha contra la corrupción.
