MADRID – El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono contra la Fiscalía General del Estado tras conocerse que el Ministerio Público no reducirá la petición de condena para Víctor de Aldama en el ‘caso Mascarillas’. Feijóo ha calificado esta decisión de «escándalo» y ha denunciado una supuesta intervención política para castigar al empresario tras sus revelaciones contra el entorno de Pedro Sánchez.
Críticas a la «purga» en la Fiscalía
A su llegada a un acto en el Senado, Feijóo ha defendido que lo «lógico» en Derecho Penal es aplicar una atenuante a quien colabora con la justicia. El líder del PP ha acusado directamente a la cúpula de la Fiscalía de desautorizar el criterio del fiscal anticorrupción para evitar que se premie a quien ha señalado al presidente del Gobierno como «número uno» de la trama.
«Es un escándalo que la Fiscalía General intervenga y no deje actuar a un fiscal anticorrupción conforme a su propia doctrina de rebajar penas a quien facilita la investigación», ha aseverado Feijóo.
El PP, que ejerce la acusación popular, sí ha rebajado su petición de cárcel para Aldama (de siete a cinco años), una postura que el Gobierno ha criticado como un «pacto de intereses», pero que los populares defienden como una medida estándar para proteger la figura del informante.
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Ofensiva contra Bolaños y la protección al informante
Ante lo que consideran un «sometimiento» del Ministerio Público al Ejecutivo, el Partido Popular ha registrado una solicitud de comparecencia urgente para el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El objetivo es que dé explicaciones sobre la precariedad de la Autoridad Independiente de Protección al Informante.
Desde el PP denuncian que este organismo clave para la lucha contra la corrupción sufre de:
- Falta de presupuesto propio.
- Dependencia directa del Ministerio de Justicia.
- Recursos humanos insuficientes para garantizar una protección real a quienes deciden denunciar tramas de corrupción.
La Fiscal General, en el punto de mira
Esta ofensiva parlamentaria se suma a la exigencia de comparecencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramano. El PP la acusa de protagonizar una «purga» interna mediante nombramientos estratégicos destinados, según su visión, a blindar al Gobierno frente a los avances judiciales de los casos que afectan al PSOE.
Con este movimiento, Feijóo busca trasladar el foco del banquillo de los acusados a la gestión del Ministerio de Justicia, cuestionando si el Estado está garantizando las herramientas necesarias para que la verdad sobre el ‘caso Ábalos’ salga a la luz sin represalias para los implicados que decidan colaborar.
