Los populares han anunciado además que pretenden ampliar la lista de delitos susceptibles de ser castigados con prisión permanente revisable, reformar la Ley del menor y blindar la independencia del poder judicial.
El Partido Popular se mantiene en sus trece. El fenómeno de los menores migrantes tiene que ser responsabilidad de Estado y la presión migratoria debe repartirse de forma «justa y equitativa». Eso es lo que repite el candidato al Congreso del PP, Guillermo Martínez, cada vez que habla sobre menores migrantes. Además, hoy Martínez ha vuelto a rescatar del argumentario del PP, compartido por el Gobierno de la Ciudad, la idea de repatriar a los menores porque, supuestamente, «donde mejor están es con sus padres«.
Además, a colación del fenómeno de los menores migrantes y aprovechando la visita del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Guillermo Martínez ha cargado contra la actual situación de la Frontera, que según el del PP, «es mucho peor de la que era cuando nosotros nos fuimos. Si la frontera es un coladero, es porque el Gobierno de España no está cumpliendo con sus deberes». No en vano, Martínez matiza que el asunto fronterizo es una cuestión compleja, ya que atañe a la soberanía de dos países, pero exige «responsabilidad y altura de miras» al PSOE y al ministro de Interior.
Independencia del poder judicial y prisión permanente revisable
Tal y como ha explicado Martínez, el PP se compromete a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial que «garantice la independencia del poder judicial». Además, si los populares consiguiesen gobernar, reformarían la Ley del Menor, tipificando «nuevas acciones», endureciendo penas y manteniendo condenas pasada la mayoría de edad en «delitos muy graves». Además, los populares ampliarían la lista de delitos susceptibles castigarse con prisión permanente revisable incluyendo algunos como el homicidio con previo secuestro o la reincidencia en agresiones sexuales.
En clave local, Martínez asegura que, de gobernar Pablo Casado, el PP se compromete a concluir «las obras de reforma, que comenzaron con el gobierno del PP, del antiguo Banco de España para que pase a ser sede de la nueva Oficina Judicial. Además, consideramos que es prioritario y necesario llevar a cabo la evaluación que establece la Ley. Valorar si los distintos juzgados y las distintas dependencias judiciales están dotadas con los medios técnicos y humanos necesarios«.
