A menos de dos semanas de que comience el juicio por el «caso de las mascarillas», el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, suma un nuevo frente, esta vez de carácter económico y profesional. Su propio procurador ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo exigiendo el pago inmediato de 4.350 euros que el exdirigente socialista le adeuda por sus servicios.
El procurador ha interpuesto un «procedimiento de cuenta», una herramienta legal para reclamar honorarios no satisfechos, solicitando que se le dé a Ábalos un plazo máximo de diez días para abonar la cantidad bajo apercibimiento de embargo.
Desglose de la deuda y respuesta del Supremo
La reclamación presentada ante el Alto Tribunal se divide en los siguientes conceptos:
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- 4.050 euros: Correspondientes a dos cuentas de servicios profesionales devengados y no pagados.
- 300 euros: En concepto de intereses, gastos y costas judiciales.
Ante esta petición, el Tribunal Supremo ha reaccionado con cautela, solicitando al procurador que aporte «documentación justificativa» que demuestre que estas cantidades ya han sido reclamadas previamente de forma reglamentaria y que, efectivamente, no han sido satisfechas por el exministro.
Crisis en el equipo de defensa
Este incidente no es el primero que evidencia problemas económicos en la defensa de Ábalos. Recientemente, su segundo abogado, Carlos Bautista, renunció a representar al exministro alegando «desavenencias económicas». La acumulación de impagos con sus representantes legales llega en el peor momento posible, justo antes de una cita judicial clave.
Un horizonte penal de 24 años
La presión sobre Ábalos es máxima. En el inminente juicio, se enfrenta a peticiones de pena extremadamente graves:
- Fiscalía Anticorrupción: Solicita 24 años de cárcel para el exministro.
- Acusación Popular (PP): Eleva la petición hasta los 30 años.
- Koldo García: Su exasesor se enfrenta a una petición fiscal de 19 años y medio, ligeramente inferior a la de su antiguo superior.
La falta de entendimiento con su equipo jurídico y la reclamación del procurador añaden una capa de incertidumbre sobre cómo afrontará Ábalos la vista oral del caso que marcó su salida del Gobierno y del PSOE.
