El PSOE y el Gobierno han cerrado filas en defensa de José Luis Ábalos frente al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien expresó su “estupor” por la continuidad del exministro socialista como diputado pese a estar imputado y existir, según el magistrado, “sólidos indicios de criminalidad”.
Las palabras del juez, que sugería una “reflexión” sobre el Reglamento del Congreso, han provocado una oleada de críticas en el Ejecutivo y en las filas socialistas, que acusan a Puente de extralimitarse y vulnerar el principio de separación de poderes.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, fue tajante: “Los jueces aplican las leyes, no necesitamos que opinen sobre ellas”. López denunció además la “reacción corporativista” de la judicatura ante cualquier crítica y rechazó que una posible reforma del Reglamento venga “porque lo diga un juez”.
El artículo 21 del Reglamento de la Cámara establece que un diputado solo puede perder sus derechos y prerrogativas si concurren tres condiciones: que el Congreso haya autorizado el suplicatorio solicitado por el Supremo, que exista un auto firme de procesamiento y que el afectado esté en prisión preventiva. En el caso de Ábalos solo se cumple la primera, por lo que conserva su escaño y plena capacidad parlamentaria.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendieron la postura del PSOE, subrayando la necesidad de respetar los límites entre poderes. Más contundente fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien sostuvo que el debate debe centrarse en la presunción de inocencia: “¿Cómo se puede obligar a alguien que aún no ha sido juzgado ni condenado a dejar su escaño?”.
El juez Puente, sin embargo, se limitó a sugerir un debate institucional: “No es competencia del Poder Judicial modificar las normas. Nos corresponde aplicarlas, no crearlas”, aclaró en su resolución.
El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cerró la puerta a cualquier modificación del Reglamento al afirmar que la Mesa “no contempla cambios”. En todo caso, recordó que una eventual reforma requeriría mayoría en el Pleno, no una decisión unilateral de la Mesa.
Desde otros partidos, las reacciones fueron dispares. Águeda Micó (Compromís) opinó que Ábalos debió dimitir “desde el minuto uno” y defendió revisar los aforamientos para evitar que los escaños se utilicen “solo para ampararse en la inmunidad parlamentaria”.
El Partido Popular, por su parte, aprovechó la polémica para atacar al Ejecutivo. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, dijo compartir el “estupor” del juez y consideró “paradójico” que Pedro Sánchez califique a su Gobierno como “uno de los más decentes de Europa” mientras mantiene a exministros como Ábalos en el grupo parlamentario.
En el centro del debate, el PSOE insiste en que no se trata de blindar a Ábalos, sino de preservar la independencia del Legislativo frente a cualquier intento de injerencia judicial.
