España ha aceptado este jueves 252 de las 275 recomendaciones recibidas el pasado 22 de enero por parte de 110 Estados cuando se sometió al Examen Periódico Universal, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que evalúa la situación de los derechos humanos en todos sus Estados miembros cada cuatro años y medio. El Examen está considerado uno de los logros más importantes e innovadores e importantes del Consejo y ha sido diseñado para garantizar la igualdad de trato de cada país.
Menores migrantes no acompañados
Sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes España ha aceptado, entre otras, la recomendación de crear un protocolo sobre los métodos para determinar la edad de los menores migrantes no acompañados, en base al derecho internacional y que solo sea utilizado cuando haya serias dudas de que no son menores. Sebre esto, España ha explicado que «el procedimiento de determinación de la edad de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados está recogido en un instrumento específico para la atención y protección de estos menores, el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados. Este Protocolo parte del principio “en caso de duda pro minoría” (cuando la minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se presume que el extranjero es un niño). En los casos de minoría dubitada, se informará al Ministerio Fiscal, quien decidirá sobre la pertinencia pues de de realizar pruebas de determinación de edad para decidir con carácter cautelar y urgente su condición de menor de edad, a fin de otorgarle la protección y asistencia prevista por la ley española».
Migrantes y Refugiados
Una de las recomendaciones señalaba el “considerar la posibilidad de eliminar todas las formas de detención de los migrantes y los solicitantes de asilo y de crear un alojamiento temporal abierto y dotado de suficientes recursos para la acogida humanitaria de los solicitantes de asilo mientras tramitan sus solicitudes” fue aceptada parcialmente.
El Gobierno asintió en la parte relativa a los solicitantes de asilo y explicó que sus Centros de estancia temporal de inmigrantes en las ciudades de Ceuta y Melilla son espacios de la Administración Pública ideados como “dispositivos de permanencia provisional de los extranjeros en tanto su situación administrativa es evaluada de cara a su derivación al recurso más adecuado” y que no son centros de detención ya que sus ocupantes tienen libertad de movimiento.
Con relación a los Centro de Internamiento de Extranjeros para los inmigrantes irregulares, el ejecutivo explicó que “son centros públicos administrativos de privación de libertad, pero no instituciones de carácter penitenciario”, y que el internamiento se produce únicamente cuando “existe una perspectiva” de que el inmigrante “va a ser retornado”.
Violencia de género
Entre las medidas destinadas a combatir la impunidad y dar acceso inmediato a medios de reparación y protección a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia, a propuesta de Polonia, el Gobierno explicó que trabaja “en el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que prevé una mejor definición de los delitos sexuales tipificados en el Código Penal, así como garantías procesales adicionales de protección y apoyo a las víctimas”.
Derechos de los detenidos y prisión incomunicada
Sin embargo, España solo aceptó parcialmente la recomendación de Luxemburgo de derogar la prisión incomunicada y prohibir la reclusión en régimen de aislamiento que se prolongue más de 15 días.
Aunque se mostró de acuerdo con la segunda aparte del enunciado expresó sus reservas con la primera al afirmar que “no considera conveniente ni necesaria la derogación o revisión de la denominada prisión incomunicada” ya que, tras la aprobación de la ley orgánica 13/2015, este tipo de detención no comporta “el aislamiento total del detenido”, ya que tiene derecho “a comunicarse con el juez, el Fiscal y el médico forense”.
Además, su ordenamiento “precisa siempre una decisión judicial, y solo cabe adoptar esa medida cautelar con el objetivo de proteger la integridad de las víctimas o testigos de los hechos delictivos y para evitar una grave afectación a la investigación criminal.
Libertad de expresión y opinión
En el aparatado relacionado con los derechos civiles y Políticos, el Gobierno aceptó la recomendación de Bélgica que pedía “garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante una reforma del Código Penal para que los delitos tipificados en él se ajusten a las definiciones reconocidas internacionalmente”, y señaló que emprenderá “una revisión de los delitos de injurias a la Corona y delitos contra sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal”.
Una verificación que justamente solicitaba Canadá contra estos dos delitos en otra de las recomendaciones.
El Gobierno también respondió afirmativamente a la solicitud de Ghana que solicitaba “garantizar el respeto de los derechos a la libertad de expresión y de asociación”, e indicó que ésta “se refuerza si el Estado renuncia a regularla”, y que el delito “de injurias a las instituciones del Estado está restringiéndose por los tribunales”.
Memoria histórica
Con relación a la memoria histórica aceptó la recomendación de Francia y Suiza que buscan asegurar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y garantizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
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El ejecutivo español manifestó estar trabajando en una iniciativa legislativa que sirva “para mejorar y asegurar la ejecución” de esa Ley.
Relación entre Cataluña y España
Ante la recomendación de Venezuela de iniciar un diálogo constructivo entre el nuevo Gobierno y el pueblo catalán y sus instituciones, el ejecutivo aceptó este apartado al indicar que el pasado mes de febrero se creó un “espacio de encuentro y diálogo” con Cataluña mediante “la Mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre los Gobiernos estatal y autonómico y la Comisión Bilateral de Cooperación Generalitat-Estado”, que buscar encontrar soluciones “en el marco de la Constitución y de la ley.”
En total, el Gobierno aceptó 252 de las recomendaciones presentadas por los 110 Estados –el 91%-, tomó nota de otras diez sugerencias y aceptó parcialmente otras trece. Entre las múltiples recomendaciones también se incluyeron apartados dedicados a la salud, la educación, el empleo, la vivienda, el medio ambiente, las personas mayores y los retos demográficos.
