La organización judicializa la financiación pública del punto de conexión a internet al considerar que puede ser utilizado por las redes que coordinaron la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.
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La asociación Hazte Oír ha anunciado la presentación de una formal denuncia ante la Fiscalía de Área de Ceuta por la instalación y financiación con dinero público de un punto de acceso wifi gratuito e ilimitado en las dependencias del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La infraestructura desplegada cuenta con un radio de cobertura aproximado de 200 metros que alcanza hasta la vecina playa del Trampolín, zona en la que permanecen asentados cientos de migrantes llegados a la ciudad autónoma en las entradas masivas registradas desde el pasado 30 de julio y que continúan a la espera de ser trasladados a la península o devueltos a Marruecos.
El escrito dirigido al Ministerio Público fundamenta su acción legal en lo que califica como una grave contradicción institucional por parte de la administración central. La entidad señala que, mientras el propio Ejecutivo atribuye la organización de los saltos fronterizos a redes criminales coordinadas mediante plataformas digitales y la Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer la posible autoría intelectual de las entradas, el Estado provee de conectividad gratuita e irrestricta a la zona. Según la denuncia, esta infraestructura podría facilitar las comunicaciones de los mismos colectivos o dinamizadores que impulsaron la crisis fronteriza.
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Asimismo, la denuncia alerta de que los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habrían identificado ya en el entorno del CETI a una decena de individuos supuestamente vinculados a corrientes del islamismo radical. La organización sostiene que la dotación de internet de alta velocidad sin controles de acceso ni identificación previa expone la seguridad nacional y la estabilidad de Ceuta, al permitir la eventual difusión de convocatorias para nuevos intentos de salto desde territorio marroquí o la coordinación para rechazar traslados oficiales a otros centros del Estado.
En el plano estrictamente jurídico, Hazte Oír atisba indicios racionales de la comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en el proceso de adjudicación e instalación de la red inalámbrica al margen de los procedimientos ordinarios. Por ello, la asociación ha solicitado a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación urgentes para determinar qué autoridades ordenaron el despliegue, qué coste ha supuestos para las arcas públicas y si los responsables eran conscientes del uso que se le podía dar a la red dentro de la estrategia de presión migratoria sobre Ceuta.
