El fiscal general del Estado ha señalado directamente al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso como responsable de diseñar “una estrategia” destinada a “desviar el foco” de la presidenta madrileña en medio de la polémica sobre las filtraciones judiciales. Según su versión, el equipo más próximo a Ayuso habría intentado situar el debate fuera de las posibles responsabilidades políticas de la dirigente regional.
En paralelo, la Abogacía del Estado ha defendido en el Tribunal Supremo que no existen indicios de delito de revelación de secretos en este caso ni pruebas que impliquen al fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la difusión del correo electrónico de un letrado vinculado con González Amador. Con esta posición, el organismo jurídico rechaza de plano que se produjera una filtración irregular atribuible a García Ortiz.
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La controversia se enmarca en la tensión creciente entre la Fiscalía y el Gobierno madrileño, en un clima en el que cada movimiento procesal adquiere una dimensión política. El pronunciamiento de la Abogacía busca rebajar las acusaciones y cerrar la vía penal, mientras las declaraciones del fiscal general reavivan el pulso con el entorno de la presidenta autonómica.
