A solo una semana de que comience el juicio por el denominado ‘caso mascarillas’, la defensa de Koldo García Izaguirre ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo una autorización «excepcional» para mantener reuniones de trabajo conjuntas con el exministro José Luis Ábalos y sus respectivos abogados dentro del centro penitenciario de Soto del Real.
La letrada de Koldo, Leticia de la Hoz, argumenta que la negativa de la dirección de la cárcel a permitir estos encuentros está generando una situación de «indefensión material». Según el escrito, la complejidad técnica de la causa —que cuenta con miles de folios y documentación intervenida— hace imposible coordinar una estrategia de defensa eficaz a través de los locutorios ordinarios con mamparas.
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Una sala «sin barreras físicas» y con ordenadores
La petición no se limita a un visado común. La defensa reclama:
- Espacio adecuado: Una sala de reuniones que permita el contacto directo, sin cristales ni barreras físicas.
- Medios tecnológicos: El uso de ordenadores portátiles para poder contrastar la ingente cantidad de pruebas digitales y archivos que forman parte del sumario.
- Estrategia común: Dado que los intereses de ambos procesados están estrechamente vinculados, la defensa sostiene que es imperativo «contrastar versiones» antes del inicio de la vista oral.
La cuenta atrás: 7 de abril
El juicio está señalado para el próximo 7 de abril y se espera que sea uno de los procesos judiciales más intensos del año. La fiscalía y las acusaciones solicitan penas que alcanzan los 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, tras ser acusados de delitos de organización criminal, malversación y cohecho.
Actualmente, ambos se encuentran en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre, después de que el Supremo apreciara un «riesgo extremo de fuga» ante la proximidad del juicio y la gravedad de las posibles condenas.
Esta solicitud de reunión conjunta es el último movimiento de una defensa que también ha intentado, sin éxito hasta ahora, recusar a miembros del tribunal y suspender la vista alegando cuestiones de competencia judicial. El Alto Tribunal deberá decidir en las próximas 48 horas si cede a esta pretensión o si obliga a los acusados a llegar al banquillo sin haber podido coordinar sus testimonios en persona.
