La factura por abogado y procurador pasa de casi 80.000 euros a 39.000 tras la impugnación de la Abogacía del Estado. El importe definitivo aún podría variar a la espera de un informe de expertos sobre las minutas.
El Tribunal Supremo ha dado un respiro económico al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al estimar parcialmente la impugnación presentada contra la tasación de las costas procesales. La letrada de la Administración de Justicia ha dictaminado que el importe inicial de 79.942 euros era excesivo, reduciéndolo a 39.000 euros.
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Los motivos de la rebaja
La decisión se basa en un reajuste técnico de los conceptos facturables por la defensa de Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso):
- Exclusión de recursos: Se han eliminado del cómputo diversos recursos de apelación cuyas costas solo se imponen en casos de «mala fe o temeridad», algo que no se ha aplicado aquí.
- Minutas bajo lupa: La Abogacía del Estado y la Fiscalía argumentaron que las cifras presentadas eran «indebidas y excesivas».
Un informe salomónico para evitar sospechas
Para determinar el monto final, el Supremo ha solicitado un informe al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
La polémica: La Fiscalía había pedido excluir al ICAM de este informe porque el colegio actuó como acusación en el juicio. Sin embargo, el Supremo ha decidido que ambos organismos colaboren de forma conjunta para garantizar la máxima imparcialidad dadas las «peculiaridades» del proceso.
El estado de las condenas
Cabe recordar que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados. En cuanto a las sanciones económicas:
- Multa e indemnización: El ex fiscal ya ha abonado los 7.200 euros de multa y los 10.000 euros de indemnización por daños morales.
- Solidaridad entre compañeros: Estos pagos no salieron directamente de su bolsillo, sino de aportaciones voluntarias coordinadas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que el propio García Ortiz presidió.
Con esta resolución, el frente judicial del ex fiscal general se encamina hacia su cierre definitivo, a falta de conocer la cifra exacta que arroje el informe de las instituciones colegiales sobre las costas restantes.
