ESTRASBURGO. — El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que se califica a Ceuta como una ciudad «invadida» tras los cruces masivos de migrantes registrados a finales de julio. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE), salió adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 13 abstenciones, logrando el respaldo de las fuerzas populares, ultraconservadoras y de extrema derecha, mientras que los grupos socialdemócrata, verdes e izquierda votaron en contra junto a una bancada liberal dividida.
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El texto condena de forma explícita la «instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial» de España y advierte a Marruecos de que cualquier cuestionamiento sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla resulta «incompatible con las obligaciones de un país socio». Asimismo, la resolución refleja que las instalaciones y servicios de la ciudad han quedado al borde del colapso, subrayando la alteración de la seguridad y el orden público tras la crisis.
Exigencias a Bruselas, España y Marruecos
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A través de varias enmiendas pactadas durante el pleno, el documento final recoge una serie de reclamos directos hacia la gestión del conflicto:
- Condicionamiento de fondos europeas: A propuesta de la alineación ultraconservadora, la Eurocámara pide a la Comisión Europea poder suspender pagos o limitar el acceso preferente al mercado comunitario a terceros países —como Marruecos— que no cooperen de manera eficaz o pongan en riesgo los intereses de la UE.
- Investigación sobre el origen de los cruces: Solicita a la diplomacia y a los servicios de inteligencia evaluar las jornadas del 30 y 31 de julio para esclarecer la posible «inacción deliberada o participación de agentes estatales» en la entrada masiva.
- Críticas a las regularizaciones e incentivos: Reprocha al Gobierno de España la adopción de regularizaciones masivas al considerar que generan un «efecto llamada» y pueden impactar en la seguridad del espacio Schengen.
- Uso de fondos y retornos: Exige a las autoridades españolas emplear los 114,7 millones de euros concedidos por Bruselas para acelerar las devoluciones y solicitar financiación adicional para la estabilidad de Ceuta y Melilla.
