Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, compareció este jueves ante el Tribunal Supremo para defenderse de las acusaciones de haber filtrado información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En su declaración, Rodríguez negó categóricamente haber compartido los correos o el expediente tributario del empresario fuera del ámbito de la Fiscalía.
Según fuentes jurídicas, Rodríguez afirmó que solo envió información al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Estatuto Fiscal. Esta postura fue respaldada por su defensa, a cargo de la Abogacía del Estado, quienes subrayaron que la fiscal actuó dentro de sus competencias.
El caso ha generado un gran interés debido a la implicación de figuras destacadas de la Fiscalía. El magistrado Ángel Hurtado investiga si Rodríguez, García Ortiz o el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, fueron responsables de la filtración del correo electrónico que el abogado de González Amador envió el 2 de febrero.
Rodríguez destacó que alrededor de 500 personas tuvieron acceso al expediente tributario desde el 5 de marzo, y al menos 60 personas pudieron ver el contenido del correo enviado el 2 de febrero. Esto, según ella, demuestra que la información estaba ampliamente disponible dentro de la Fiscalía.
A diferencia de García Ortiz, quien se negó a responder preguntas del magistrado por considerar nula la investigación, Rodríguez sí contestó a las preguntas del instructor, aunque también recurrió la decisión de autorizar el registro en su despacho.
Te interesa
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, testificó que advirtió a Rodríguez sobre el riesgo de filtraciones al enviar los correos al fiscal general. Sin embargo, Rodríguez insistió en que su actuación fue conforme a sus deberes profesionales.
El caso sigue en desarrollo, con el Tribunal Supremo evaluando las pruebas presentadas y las declaraciones de los implicados. La resolución de este caso podría tener importantes repercusiones para la Fiscalía y su manejo de información confidencial.
