La Fiscalía ha calificado de meras «inferencias» el informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO), que señala la «participación preeminente» del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de información sensible sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fuentes fiscales aseguran que este documento «no aporta ninguna prueba» y recuerdan que había otras posibles vías de filtración.

Este lunes se ha hecho público un informe de la UCO que atribuye una «participación preeminente» del fiscal general del Estado en la filtración de los correos que denunció Alberto González Amador sobre su pacto por el presunto delito de fraude fiscal con la Fiscalía.

Los investigadores concluyen que «desde las 21:59 (del 13 de marzo), hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51 horas, hay tan solo un número muy reducido de personas» que tienen acceso a «todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa» y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un «comunicado», sino del «periodo temporal aproximado en el que este se publicará».

Desde la Fiscalía critican que la UCO refleja en su informe meras «inferencias» sin aportar «prueba» alguna de que García Ortiz estuviera detrás de las filtraciones investigadas. Además, las fuentes fiscales subrayan que la labor de deducción es judicial, no de la Guardia Civil o la Policía.

Defienden que «Dar una Denuncia no es Delito»

El informe, por otro lado, apunta a una «primera filtración» a la prensa el día 12 de marzo en elDiario.es, «supuestamente realizada por la Fiscalía General», que «desvela que existe una investigación» por un presunto delito fiscal hasta el punto de sostener que «la prensa disponía de la denuncia contra González Amador antes que el propio interesado».

Pero las fuentes consultadas destacan que la UCO «se olvida de que la denuncia la tenía el decanato de Plaza de Castilla, Hacienda y la Fiscalía Superior de Madrid».

En cualquier caso, las fuentes fiscales sí que quieren dejar claro que «dar una denuncia no es delito» porque «si es una causa relevante con interés informativo, se hace pública la información». Cabe recordar también que la Abogacía del Estado, en nombre del fiscal general del Estado, ya apuntó en uno de sus escritos que resulta impensable que en el lapso de apenas 10 minutos diera tiempo a que se filtrara, preparara y publicara la noticia.

En cuanto a los correos, aseguran que se olvida tanto de la publicación de La Sexta a las 22:10 horas del 13 de marzo, es decir, poco después de que García Ortiz recibiera los correos electrónicos en cuestión, y de «la obligación legal de los fiscales de dar cuenta a los superiores de los asuntos importantes».

Finalmente, agregan que «es más grave» la filtración del informe de la UCO, con mensajes y correos personales, que «la posible filtración de un correo con una posible conformidad».