La Fiscalía de Madrid ha tomado medidas contundentes contra dos altos funcionarios de los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, acusándolos de prevaricación administrativa. Se trata del jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid y del excomisionado de la Comunidad de Madrid, ambos implicados en la demolición de una vivienda en la Cañada Real, cerca de la incineradora de Valdedomingómez.
El Ministerio Público ha solicitado una inhabilitación especial de diez años para ambos cargos, argumentando que actuaron al margen de la legalidad al proceder con la demolición sin respetar los derechos del propietario. Según la Fiscalía, los acusados «aceleraron el desalojo y demolición de la parcela» del denunciante hace aproximadamente dos años, sin haberle informado previamente ni haberle otorgado el derecho a ser oído.
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Además, los funcionarios no esperaron a la «notificación de resolución de su previo recurso de reposición contra la orden de desalojo», a pesar de que el afectado se encontraba en el extranjero en el momento de los hechos. Esta falta de procedimiento adecuado ha llevado a la Fiscalía a considerar que las acciones de los altos cargos no solo fueron irregulares, sino que también vulneraron los derechos fundamentales del propietario.
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La situación pone en evidencia las tensiones existentes en torno a la gestión urbanística en Madrid y plantea interrogantes sobre la responsabilidad y el cumplimiento de la legalidad por parte de los funcionarios públicos. La solicitud de inhabilitación refleja la gravedad de las acusaciones y el compromiso del Ministerio Público por garantizar el respeto a las normativas vigentes en materia urbanística.
El caso continúa desarrollándose, y se espera que genere un amplio debate sobre la legalidad y la ética en la administración pública en la Comunidad de Madrid.
