La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a la Fiscalía como posible origen de la filtración de correos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En un informe remitido al Supremo, se insiste en investigar al fiscal general Álvaro García Ortiz por su “papel preeminente”.
El informe de 57 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) pone en el centro de la polémica al Ministerio Público. A pesar de no encontrar pruebas concluyentes sobre quién filtró los correos de Alberto González Amador a la prensa, los investigadores concluyen que “la filtración debe iniciarse” en el entorno de la Fiscalía. Este señalamiento incluye a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por su «participación preeminente» en los intercambios que rodearon la publicación del caso en marzo de este año.
La investigación, solicitada por el juez del Supremo Ángel Hurtado, se basa en la intervención de correos y mensajes de la fiscal provincial Pilar Rodríguez, quien estuvo en contacto directo con García Ortiz durante los días más críticos del caso. Según el informe, el intercambio de correos comenzó después de que el periódico El Mundo publicara una noticia sobre un supuesto pacto entre la Fiscalía y la defensa de González Amador. Los mensajes muestran cómo García Ortiz urgió a Rodríguez y al fiscal Julián Salto a recopilar información para emitir un comunicado que desmintiera estas afirmaciones, mientras la Cadena SER difundía detalles específicos de los emails del empresario.
Aunque no hay evidencia directa de que García Ortiz u otro miembro de la Fiscalía ordenaran la filtración, el informe subraya que el papel del fiscal general fue determinante en la gestión del caso y en la elaboración del comunicado oficial. Además, los investigadores señalan tensiones internas en la Fiscalía, especialmente entre Pilar Rodríguez y Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, por el manejo de las informaciones relacionadas con el caso.
El juez Hurtado ha solicitado analizar más mensajes del fiscal general, incautados durante registros en octubre, para determinar su posible responsabilidad. Este informe también expone el malestar interno en el Ministerio Público por las acusaciones de irregularidades, añadiendo un nuevo capítulo a una polémica que pone bajo escrutinio a la cúpula de la Fiscalía.
