El Ministerio de Defensa reclama a esta vecina de Ceuta la casa en la que vive en Poblado Sanidad junto a sus tres hijas menores de edad, su padre enfermo y un hermano. Una orden de desahucio con una prórroga de tres meses va llegando a su fin. Servicios Sociales dice que le ayuda con el alquiler si se empadrona, pero las inmobiliarias no aceptan a este organismo como pagador y le reconocen que muchas viviendas «no tienen papeles»
Huafa Mohamed vive en una vivienda en Poblado Sanidad, junto a sus tres hijas menores de edad, su padre enfermo y un hermano. Desde hace un tiempo, el Ministerio de Defensa le reclama esta casa donde se encuentra alojada desde que se divorció y que se encuentra construida sobre terreno militar. En esta casa vivió su madre muchos años, ya que servía a un matrimonio militar, y hasta el momento no había sido reclamada por nadie.
Una orden de desahucio en el pasado mes de febrero hizo vivir uno de los momentos más duros de de la vida de esta vecina de Ceuta. La puerta de su casa llena de Policía Nacional, «como si fuera una redada», con militares «con uniformes y galones», e incluso una grúa que esperaba para derrumbar el inmueble. Ella, tratando de evitar su desahucio junto a su familia, advertía a los presentes que no iba a abandonar lo que para ella es su hogar. Esta intervención se vio paralizada por un compromiso firmado en el que daban tres meses de prórroga para abandonarlo.
Huafa dice que no quiere vivir allí, tampoco se siente okupa y es consciente de que las condiciones en las que vive «no son las mejores». De hecho, hace unos días y debido al temporal, el techo de la cocina se derrumbó cayendo sobre su padre. No tiene agua caliente, ni placa vitrocerámica con la que calentar el agua para duchar a sus hijas, y vive con miedo de que sobre ellas caiga alguna parte de la vivienda.
¿Qué problema tienen las inmobiliarias frente a los pagos de Servicios Sociales?
Tras pedir ayuda a Servicios Sociales, comenta que este organismo les ofrece vivir en las naves del Tarajal, algo a lo que se niega, asegura, no por ella, sino por sentir que esa no es una solución para sus hijas adolescentes. También ayudarles con el alquiler de una vivienda, algo que tiene matices y que se ha convertido en una problemática aún mayor.
¿Las inmobiliarias piden nóminas y tres mensualidades mientras los pisos que ofrecen no tienen cédula de habitabilidad?
Tiene ingresos, aunque pocos, y una nómina. Sin embargo, se queja de que nadie quiere alquilarle una casa desde el momento en el que dice que Servicios Sociales afronta la mensualidad. En su alquiler, asegura, necesita una cédula de habitabilidad para poder empadronarse, no obstante, las mismas inmobiliarias que le piden una nómina y tres mensualidades, son las mismas que le dicen que no puede empadronarse, y muchas le reconocen que «estas viviendas carecen de papeles», lo que da como resultado el fomento de la vivienda en negro. Pero si no consigue empadronarse, Servicios Sociales no puede ayudarle con el alquiler.
Esta madre, hija y hermana, quisiera no tener que necesitar ayudas de Servicios Sociales, pero también se niega a okupar una vivienda. Algo que le han ofrecido en numerosas ocasiones, según cuenta la afectada. Huafa no entiende que quieran derrumbar lo que ahora es su hogar y añade que esta orden de desahucio solo se la han indicado a ella. «¿Para qué quieren desahuciarme, para tirar mi casa y convertirla en aparcamientos como ya han hecho en la calle?», se pregunta la afectada, que señala que el resto de casas derrumbadas en Poblado Sanidad y que se encuentran en terreno militar, se han convertido en aparcamientos.
Vive con toda su vida empaquetada en cajetas por tres motivos: para salir corriendo por si encuentra un piso de alquiler antes de que cumplan los tres meses, por si llega la orden de desahucio y por miedo a que la casa se le venga encima. Y con el temor de que llegue ese día, continúa con la lucha de conseguir una vivienda con cédula de habitabilidad y que acepte a Servicios Sociales como intermediario del pago. Mantiene una búsqueda activa de vivienda tanto a través de inmobiliarias y particulares, como en las redes sociales. «Sigo buscando alquiler para desgracia mía y de mi familia, nadie quiere alquilarme por ser de Servicios Sociales. (…) Yo no quiero con esta imagen (del techo caído) dar pena ni que nadie piense que estoy pidiendo nada. Solo quiero que si hay alguien que alquila casa y me pueda alquilar aún siendo de Servicios Sociales«, publicaba esta vecina de Ceuta.
Vivienda social
El Gobierno anunció el pasado mes de marzo, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las resoluciones de transferencia a las comunidades y ciudades autónomas por un total de 500 millones de euros, para la construcción de vivienda social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Con arreglo a esta distribución de fondos, Ceuta recibiría 730.000 euros para financiar el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes, destinadas al alquiler social a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública o rehabilitación de edificios públicos destinados a otros usos, que incrementen el parque público de vivienda asequible.
Por otro lado, UGT exige una ley que garantice el derecho a la vivienda. El sindicato denunciaba en febrero que el aumento de la precariedad y los bajos salarios, «supone en muchos casos, tener que destinar hasta un 70% del salario al pago de una solución habitacional, y en otros casos, ni siquiera pueden pagarse una vivienda«.
Ceuta carece de vivienda social para atender casos graves como el de Huafa y, según datos registrados por el INE, es prácticamente imposible alquilar una vivienda privada debido a que contamos con un precio del alquiler por encima de la media estatal.
