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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado un golpe sobre la mesa en el sector de la educación privada. La entidad ha solicitado formalmente a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo que investigue a nueve conocidas academias de Formación Profesional (FP) online tras detectar serias sospechas de prácticas comerciales desleales, falta de transparencia y vulneración de los derechos de los alumnos.
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Las academias señaladas por la OCU son algunas de las marcas con mayor cuota de mercado en el sector: Ceac, Cesur, Ilerna, Linkia FP, Ucademy, MasterD, Medac Davante, Doméstika y Formia.
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Radiografía de las irregularidades denunciadas
Tras analizar el funcionamiento y los contratos de estas entidades, la OCU ha puesto en conocimiento de Consumo un catálogo de presuntas malas prácticas que afectan directamente al bolsillo y al futuro formativo de los usuarios:
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- Falta de información precontractual: Las academias ocultan el precio real del curso o las condiciones de contratación a no ser que el usuario facilite primero todos sus datos personales o abone una matrícula previa.
- Cláusulas abusivas en las bajas: Se detectan contratos que obligan al alumno al pago íntegro del curso completo aunque solicite la baja por causas justificadas, o que reservan a la academia el derecho de expulsión inmediata sin previo aviso ni reembolso.
- Publicidad engañosa sobre títulos y financiación: Se denuncia el uso de términos ambiguos para confundir al usuario sobre si los títulos ofertados son oficiales y homologados, además de una falta de transparencia en los créditos y condiciones de financiación que ofrecen.
- El mito de las «prácticas garantizadas»: Aunque las academias utilizan el gancho de las prácticas en empresas para captar alumnos, la OCU recalca que en la realidad no están aseguradas, ya que muchas veces se supedita a que el alumno supere un proceso selectivo extra en la empresa o cumpla requisitos formativos adicionales que no se avisaron al inicio.
Ofensiva del Gobierno para regular la FP a distancia
Esta denuncia llega en un momento de máxima relevancia regulatoria. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes tiene previsto dar a conocer este mismo mes un nuevo decreto que endurecerá los requisitos para la creación y gestión de centros de FP online.
Según el borrador de la normativa, el Gobierno obligará a estas plataformas virtuales a:
- Garantizar un mínimo de entre el 20 % y el 39 % de clases presenciales, dependiendo de las necesidades prácticas del ciclo formativo.
- Disponer obligatoriamente de acuerdos por escrito firmados con las empresas receptoras antes de matricular a los alumnos.
- Aportar documentación rigurosa que certifique la sostenibilidad económica del centro educativo.
Petición de sanciones y reembolsos De confirmarse las irregularidades tras la inspección del Ministerio de Consumo, la OCU ha exigido la imposición de sanciones severas, el cese inmediato de estas conductas y que se obligue a las academias a devolver a los alumnos afectados todas las cantidades cobradas de forma indebida.
