Las activistas Amelia Tiganus y Rachel Moran, la especialista en trauma Ingeborg Kraus y la sindicalista Sabine Reynosa defendieron el modelo abolicionista de la prostitución
El Congreso de los Diputados acogió ayer las jornadas “Ni es trabajo, ni es sexo: ¡Abolición de la prostitución para proteger los derechos de todas las trabajadoras!”, organizada por el Grupo Parlamentario Socialista, la Coalición para la Abolición de la Prostitución CAP International y la Escuela Abolicionista Internacional. Las ponentes, desde distintos ámbitos y ángulos, defendieron el modelo de Derechos Humanos abolicionista de la prostitución, el llamado modelo nórdico, vigente en países como Suecia o Francia.
“Luchamos contra una institución que tiene mucha aceptación social”, advirtió Andrea Fernández, diputada por León y Secretaria General de Igualdad del partido, en la apertura del acto junto al portavoz socialista, Héctor Gómez. Ejemplos de esta “aceptación” los encontramos en los chistes y frases hechas –“eres más puntas que las gallinas”-, en el lenguaje –“la prostitución no se ejerce ni se consume”-, en un debate que pivota en torno a la idea de libertad individual –“¿permitir la libertad de explotación?” y en una “legitimización ideológica”, mientras la prostitución “muta en función del mercado y el capitalismo”.
En ese sentido Andrea Fernández denunció la presencia de proxenetas en las fronteras de Ucrania para captar mujeres y llevarlas a burdeles de Alemania, donde la prostitución es legal. “Sabemos positivamente que hay proxenetas que están yendo a la frontera de Ucrania”; “exigimos que se tomen medidas específicas para proteger a las mujeres”.
Tanto Andrea Fernández como la portavoz de Igualdad del grupo socialista, Laura Berja, ratificaron el compromiso de su partido con la abolición de la prostitución y defendieron las enmiendas que han presentado al proyecto de ley de garantía de la libertad sexual, para reforzar los artículos que penalizarán el proxenetismo no coactivo y a quien se lucre con el alquiler de locales donde se ejerce la prostitución -la tercería locativa-. “Necesitamos una ley abolicionista de la prostitución, pero no podemos perder esta ocasión de reformar ya el Código Penal”, manifestó Berja.
Tras la inauguración, se organizaron dos mesas y en la primera de ellas, Amelia Tiganus y Sabine Reynosa desarrollaron “el concepto de “trabajo sexual”, una vulneración ultraliberal de los derechos de todas las trabajadoras”. En la segunda parte de la jornada, Rachel Moran e Ingeborg Kraus abordaron la “realidad y consecuencias de la prostitución: una antítesis del “trabajo decente””.
Tanto Rachel Moran como Amelia Tiganus han sido supervivientes de un sistema prostitucional que opera globalmente en la explotación sexual de miles de mujeres y niñas y actualmente son reconocidas activistas y autoras contra la violencia sexual.
Por su parte, Ingeborg Kraus es una destacada especialista alemana en la psicología del trauma de las mujeres víctimas de violencias sexuales. Es además una activa militante abolicionista en su país, donde la prostitución reglamentada ha producido “un infierno en la Tierra” para las víctimas, en palabras de esta doctora en psicología.
Sabine Reynosa es sindicalista e integrante del colectivo confederal Femmes-Mixité de la CGT, la mayor central sindical del país vecino. Francia se sumó al modelo abolicionista de la prostitución en el año 2016, logrando una ley tras un proceso en el que el movimiento social y el impulso de coaliciones de ONG fueron decisivas.
En el modelo de políticas públicas abolicionistas se parte del principio de que la prostitución no puede ser considerada una actividad legitimada socialmente como un trabajo, ya que es una forma de violencia sexual. La prostitución no tiene cabida en el marco de los derechos humanos, es contraria al principio de igualdad entre mujeres y hombres y en consecuencia el horizonte abolicionista es su erradicación. Tal objetivo pasa por la asistencia integral y voluntaria a las víctimas –en una amplia mayoría, mujeres y niñas–, por la persecución al proxenetismo, las sanciones a los demandantes – la práctica totalidad, varones– y la concienciación social.
