Las entidades ecologistas retan a los representantes políticos a mostrar si tienen un interés real en defender el bien común que supone el planeta Tierra
El sábado 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, nombrado por la ONU desde 1970, convirtiéndose en el primer hito medioambiental del planeta. Este año, y en la antesala de las elecciones autonómicas y municipales, las cinco organizaciones estatales en defensa del medio ambiente presentan la campaña «Yo apoyo la casa común», con casos concretos que exponen si hay compromiso real para la protección de la biodiversidad.
En unas elecciones se decide sobre lo común, aquello que afecta a todas las personas: la salud, la calidad de vida o el entorno que habitan. Se espera que las candidaturas den respuesta a los problemas del día a día: el trabajo, las olas de calor, el transporte, el acceso a los servicios públicos, el abandono rural y la falta de oportunidades que padece, la alimentación o las desigualdades sociales. La aspiración es que las administraciones públicas ejerzan políticas reales que aborden estas preocupaciones, yendo más lejos que los simples tópicos electorales.
Los grupos ecologistas trabajan para cuidar la casa común, la Tierra: el espacio de coexistencia, el territorio donde se convive, se trabaja, se disfruta o se sueña. La humanidad depende de la casa común para la subsistencia y, por ello, preocupa tanto la degradación de la naturaleza como la enorme vulnerabilidad social existente. Estos problemas están conectados y requieren soluciones conjuntas. En este momento de crisis, cuidar del territorio y de su naturaleza es cuidar el empleo, el agua, la salud, la calidad de vida. Supone el cuidado de las personas, necesario para corregir los desequilibrios ambientales y sociales, para velar por el bien colectivo, para fortalecer la democracia.
Por ello y para contribuir a una campaña electoral alejada de promesas vacías, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han identificado ocho casos que muestran nulo interés y cuidado por la salud del planeta: la unión de estaciones de esquí en el Pirineo Aragonés, la derogación de Madrid Central, la contaminación del Mar Menor, unas Tablas de Daimiel al borde del colapso hídrico, las toxinas emitidas por la incineradora de Valdemingómez, la regasificadora de El Musel, la desprotección del archipiélago Chinijo y la implantación de renovables sin planificación ni zonificación vinculante en el territorio.
Se trata de casos paradigmáticos de territorios diferentes vinculados a tópicos y promesas electorales que se escucharán muchas veces en esta campaña electoral. Frente a ellos, las organizaciones ecologistas presentan propuestas que servirían para revertir de forma real el cuidado de las personas y del medio ambiente y eliminar la vulnerabilidad social.
El cuidado de La Tierra va más allá de lo que pasa en un municipio o en una comunidad autónoma, pero empieza a construirse ahí, sobre el terreno. De hecho, en el Estado español las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen gran parte de las competencias sobre cuestiones tan importantes como la gestión de los residuos, del agua, de los espacios y especies naturales, de la calidad de la alimentación y del transporte y, con ello, una muy buena parte de los asuntos que pueden contribuir a atajar la crisis ecológica y social que vivimos.
