Son casi 2.000.000 de familias, el 24% de las familias con hijos e hijas de este país, y denuncian que no tienen posibilidad de reparto de tareas en el hogar ni la opción de acogerse a las medidas de conciliación sin que se vean mermados sus ingresos, por lo que reclaman que la corresponsabilidad pública con los cuidados sea un hecho
La situación de las familias monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres, es preocupante. Ya antes de la pandemia de la COVID-19, una de sus mayores dificultades era poder conciliar su vida laboral y su vida familiar. Tras la aparición del virus la situación se ha agravado enormemente ante la inacción de las administraciones públicas responsables de garantizar los derechos de la infancia y, la igualdad de trato a los diferentes modelos de familia, así como de velar porque la desigualdad de género no cree situaciones de desventaja a las mujeres.
Según el informe “El coste de la conciliación” elaborado por Malas Madres el 22% de las madres ha renunciado a todo o parte de su trabajo para cuidar de sus hijos, costeando con sus sueldos las cuarentenas preventivas durante la clausura de las aulas (un 21% ha pedido excedencia o días sin sueldo, un 11% ha solicitado reducción de jornada al 100% sin sueldo, y el 74% ha utilizado sus días de vacaciones para atender a los menores en las cuarentenas preventivas) este informe se he realizado con una base de familias biparentales, por lo que estas mismas situaciones en las familias monomarentales se ven aumentadas ya que no existe otra persona progenitora con quien compartir el cuidado y el Estado y sus instituciones continúan ignorando la necesidad de poner en marcha medidas específicas para la conciliación de casi 2.000.000 de familias que solo tienen una persona adulta al frente.
En el estudio de FAMS “Historias que cambian. Vulnerabilidad de las familias monomarentales frente a la COVID19”, el 58,50% de las encuestadas asegura haberse sentido en desventaja a la hora de conciliar su trabajo con sus tareas familiares. El motivo principal que constituye esta desventaja proviene del cuidado de las hijas e hijos en un 42,25% de los casos. Al término del confinamiento y con el estado de alarma vigente, el 45,50% de las personas no tuvo ningún tipo de ayuda a la hora de cuidar de sus hijas e hijos.
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Según la opinión de las encuestadas, las ayudas necesarias para facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias monoparentales serían: en un 65,75%, crear recursos públicos dirigidos específicamente a las familias monoparentales, ya que estas no pueden repartir la carga familiar con otra persona adulta; en un 54,25%, mantener la prestación por hija/o a cargo para las niñas y niños cuyas familias no quedan cubiertas por el IMV e ir aumentándola de forma gradual; y en un 51,25%, generalizar las medidas de flexibilidad horaria de la jornada laboral.
«Las familias monoparentales no podemos esperar más. Necesitamos que las administraciones públicas actúen. Urge que las administraciones competentes adopten las siguientes medidas para las familias monomarentales en el ámbito de la conciliación»:
– Respetar los derechos de la infancia y la adolescencia, así como el interés superior del menor de permanecer bajo el cuidado de sus madres.
– Las prestaciones relacionadas con cuidado de menores deben garantizarse en familias monoparentales desde la equidad y la corresponsabilidad social (prestación de corresponsabilidad por el cuidado del lactante, IMV, complemento de infancia, etc.).
– Los permisos laborales dirigidos al cuidado de menores deben garantizar a nuestras criaturas el mismo tiempo y calidad (nacimiento, acogida o adopción, lactancia, enfermedad, etc.).
– Generalizar las medidas como el teletrabajo y la flexibilidad horaria. Además de promover el acceso al empleo de las familias monoparentales.
– Los criterios de acceso a bonificaciones, ayudas y prestaciones relacionadas con menores, cuidados y conciliación deben considerar a la familia monoparental como unidad familiar independiente, aunque se vea obligada a convivir, y corregir los baremos económicos para al menos igualarlos a los de familias biparentales con el mismo número de hijos/as a cargo.
– El IRPF debe atender a la obligación constitucional de considerar la capacidad económica real, y, por tanto, corregir la penalización actual frente al modelo biparental y nuestros mayores gastos en conciliación.
– Promover servicios públicos de cuidado, de conciliación y de apoyo domiciliario, así como ayudas públicas para conciliar, con acceso prioritario y, en su caso, precios bonificados para nuestras familias, tanto en situación de empleo, como de búsqueda o reciclaje.
– Ofrecer información accesible y comprensible sobre los derechos, prestaciones y ayudas de estas familias.
“Las familias monoparentales necesitamos que la corresponsabilidad sea con lo público. Tiene que ser un hecho, no puede ser que estemos conciliando solo con nuestros propios recursos. Las administraciones tienen como obligación facilitar que las personas podamos cuidar con garantías y asegurar unas condiciones de vida digna a todas las familias sea cual sea su composición”, concluye la FAMS.
