El Sindicato de Enfermería ha propuesto una reducción del complemento específico del 30% -que se compense con un complemento de productividad- y que conceda la compatibilidad a todos los compañeros. Además, demanda la creación de seis especialidades de Enfermería en los servicios de salud del INGESA
El Sindicato de Enfermería de Ceuta y Melilla (SATSE) ha participado esta semana en la negociación de los grupos de trabajo del INGESA. Hasta el momento, sindicatos y Administración solo han tratado la cuestión de la compatibilidad o incompatibilidad de los compañeros que quieren realizar el ejercicio mixto, es decir, aquellos que trabajan en la sanidad pública y en la privada. Hasta ahora, los enfermeros, enfermeras, matronas y fisioterapeutas no pueden compatibilizar ambas puesto que no se les permite renunciar al complemento específico y tampoco reducirlo.
En los grupos de trabajo se ha planteado a Función Pública la reducción de este complemento específico en un 30%. Los sindicatos han solicitado al INGESA un acuerdo retributivo, por ejemplo, en un complemento de productividad que alcance al menos el 75% de la totalidad del complemento específico, para paliar la merma en retribuciones de aquellos compañeros que van compatibilizar la sanidad pública y la privada. Sin embargo, todo sigue en estudio y no hay nada firmado.
El miércoles 26 de abril habrá otra reunión de los grupos de trabajo para la creación de las categorías profesionales, un asunto que interesa a este sindicato. El INGESA sólo ha propuesto dos: Enfermería Familiar y Comunitaria y de Salud Mental. Sin embargo, SATSE quiere la creación de todas las categorías existentes -Trabajo, Geriatría, Pediatría…- excepto la Médico Quirúrgica porque esa formación todavía no está vigente. Nuestra organización sindical insiste en que haya seis especialidades en los servicios de salud del INGESA.
La Ley de Seguridad del Paciente costará 60 euros por habitante al año
Con independencia de las negociaciones que mantiene con el INGESA, SATSE insiste en la aprobación de la Ley de Seguridad del Paciente.
Este sindicato ha subrayado que garantizar la seguridad asistencial de las personas con problemas de salud en los centros sanitarios, a través de la Ley que se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, supondrá en torno a 60 euros por habitante al año, un coste “insignificante” si se compara con los beneficios en salud para la sociedad y de ahorro de millones de euros para el sistema sanitario
A la espera de que las enmiendas parciales de los partidos políticos a la Ley de Seguridad del Paciente se debatan en la Comisión de Sanidad en próximos días, el Sindicato de Enfermería ha estimado el gasto que supondrá su aplicación para las arcas públicas, concluyendo que la cifra no superará los 60 euros por habitante al año.
“Es una cifra perfectamente asumible y más que justificada por los beneficios que conllevará para la salud y seguridad los más de 47 millones de personas de nuestro país el contar siempre y en cualquier hospital, centro de salud o centro sociosanitario con el número de enfermeras y enfermeros que multitud de estudios científicos y expertos nacionales e internacionales establecen como el más adecuado y seguro para las personas enfermas”, apuntan desde SATSE.
En este sentido, el Sindicato recuerda que todos estos estudios concluyen que contar con una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermera contribuye a evitar la aparición de complicaciones en el proceso de la enfermedad, efectos adversos y reingresos, lo que, además de suponer un grave perjuicio para el paciente, conlleva costes adicionales para nuestro sistema sanitario
Asimismo, SATSE reitera que el conjunto de la ciudadanía, en recientes encuestas de opinión, ha trasladado su disposición favorable a que las administraciones públicas inviertan todos los recursos necesarios en nuestro sistema sanitario, al constatar que, tras la pandemia del Covid-19, siguen sufriendo muchos problemas y deficiencias estructurales.
El Sindicato de Enfermería asegura que, “cuando se trata de garantizar y mejorar la atención sanitaria y cuidados, el dinero nunca puede ser la excusa o argumento para sacar adelante o no cualquier iniciativa, porque, tanto el Gobierno como las administraciones autonómicas, vienen destinando recursos a partidas y ámbitos muchos más cuestionables desde el punto de vista de su interés social”.
Al respecto, SATSE señala, a modo de ejemplo, que el Gobierno ha decidido incrementar el presupuesto público destinado a Defensa hasta el 2 por ciento del PIB en 2029 (25.000 millones de euros), a raíz de la guerra de Ucrania, cuando el gasto sanitario público se encuentra en torno al 7 por ciento del PIB, y su previsión es reducirlo en próximos años, mientras otros países de nuestro entorno europeo superan el 10 por ciento.
De otro lado, la organización sindical recuerda que ha propuesto distintas actuaciones para mejorar la financiación pública en sanidad, como incluir una nueva casilla en la declaración de la renta para que la persona que así lo estime pueda destinar parte de sus impuestos a la financiación de nuestro sistema sanitario. «Se trata de conseguir una financiación adicional y complementaria que no afecta, en modo alguno, a la cuantía final de la declaración de la renta, ni genera un nuevo impuesto”, explica.
En todo caso, SATSE reitera que el coste de implementación de la Ley es “absolutamente irrisorio” si se compara con lo que nuestro sistema sanitario gasta, por ejemplo, en el tratamiento de patologías y procesos crónicos que se podrían evitar con un número adecuado y suficiente de enfermeras y enfermeros en todos los servicios de salud.
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“Nadie podría entender que un partido político ‘dinamitase’ la Ley de Seguridad del Paciente a su paso por la Comisión de Sanidad, porque nadie podría entender que no se puedan destinar 60 euros al año por habitante en beneficio de los más de 47 millones de ciudadanos que hay en nuestro país”, apuntan desde la organización sindical.
Por último, SATSE recalca que la Ley de Seguridad del Paciente-ratios enfermeras, no solo contribuirá a mejorar la salud y bienestar integral del conjunto de la sociedad, sino que mejorará la eficiencia de nuestro sistema sanitario a medio y largo plazo, al ahorrar gastos perfectamente evitables, por lo que entiende que “no cabe la más mínima duda de su conveniencia y necesidad”.
