El Decano-Presidente del COACE, ha participado en el Senado para dar cuenta de las evidentes desventajas que adolecen Ceuta y Melilla, que trascienden más allá de su insularidad y de su situación periférica. Las desventajas de Ceuta y Melilla, en algunos sectores estratégicos, como en materia de suelo, recaen en su incapacidad legislativa, y en su dependencia directa de la implicación de la Administración General del Estado
El decano del COACE, Jose María Mora, acudió al Senado, a la Ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el seno de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico. Mora ha intervenido a propuesta del senador por Ceuta, David Muñoz Arbona, a los senadores populares ponentes de la referida Comisión, Sofía Acedo, por Melilla, y José Vicente Marí, por Ibiza, ha comparecido en la jornada de hoy.
El senador Muñoz Arbona se encuentra «muy satisfecho por la rigurosidad técnica que ha extendido el decano en la ponencia para desarrollar un futuro Marco normativo y jurídico que mejore y atienda las necesidades del territorio de Ceuta y Melilla, y la necesidad de una presencia firme del Estado y de la Unión Europea en el apoyo del desarrollo de la misma.»
Jose María ha puesto de relieve que, en España, si bien hay dos territorios que no tienen competencias plenas y propias para legislar en materia de suelo y planificación del territorio, nada se ha hecho para paliar esta situación en estos años pasados. Por ello, ha expuesto, y recordado, que estas recaen en los poderes centrales del Estado, instando pues a que atiendan sus obligaciones, en un ejercicio de justicia y equilibrio para con el resto de territorios del país.
El decano ha catalogado Ceuta como «uno de los territorios más singulares y complejos del país, por su tamaño y por todo lo que él alberga». «La colmatación de espacios en el borde marítimo-terrestre a lo largo de la historia, impiden el desarrollo de algunas infraestructuras vitales en una ciudad que es, a la vez, portuaria, fronteriza y costera, y que dificultan su desarrollo social y económico.»
Las Ciudades Autónomas, en comparación con las Comunidades, han visto cómo se ha ido diluyendo la atención que en ellas deberían prestar las instituciones estatales. Ya que, mientras en el resto del territorio español, las comunidades han venido legislando en materia de ordenación del territorio, en virtud de las competencias que les fueron transferidas, en Ceuta y Melilla esto no ha ocurrido, llegando a encontrarse en una situación de indefensión y nulas garantías, además de poca visión para planificaciones futuras.
Fue, tras algunas sentencias dictaminadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, cuando se derogaron algunos artículos que dejaron a Ceuta y Melilla ante un vacío legal que debería haber sido solventado por Madrid de una manera directa, por tratarse de competencias propias de la Administración General del Estado.
Es por eso que Mora ha remarcado los anacronismos y conflictos normativos que recaen hoy en día sobre Ceuta, al regir en ella una legislación caduca y obsoleta que tiene más de 50 años, con preceptos preconstitucionales, lo que está ocasionando situaciones rocambolescas, cuanto menos.
El decano ha hecho alusión a las normas legales que actualmente, rigen en Ceuta, como aquellos reglamentos de 1964 y 1966, vinculados a la Ley del Suelo de 1956, o la Ley del Suelo de 1976 y sus tres reglamentos de desarrollo de 1978.
«Las afectaciones que recaen sobre el territorio de Ceuta, como traslación directa e indiscutida de los preceptos sectoriales, si bien, es una disposición estatal y compartida por todos los territorios nacionales, el impacto que se produce sobre la realidad ceutí, es altamente notable.»»Si en Ceuta incide sobremanera el hecho singular de su limitación territorial, se debe resaltar la situación de que casi un 71% del territorio está afectado por alguna disposición sectorial. Hecho, sin duda, que merece una consideración capital.»
«La situación que arrastra Ceuta –ha señalado- desde hace bastantes años, con tal singularidad patente en un ámbito territorial tan reducido, con el lastre de esa normativa atípica y superada, y dependiente de una administración central, como única capaz y competente para legislar en la Ciudad Autónoma, precisa de leyes de suelo que arbitren soluciones adecuadas a los problemas locales persistentes».
Mora cree que los ambiciosos planes que la Unión Europea está trazando y articulando para sus Estados miembros, encuentra en las dos Ciudades Europeas, ciertas anomalías que deberían ser resueltas desde la redacción de sus normas. El recién aprobado Proyecto de Ley de Calidad de Arquitectura, y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, incidirán de manera notable en la ordenación del territorio, y mientras las Comunidades Autónomas podrán legislar y acomodar sus leyes a estos nuevos preceptos, Ceuta, y Melilla, seguirá dependiendo de una actuación concreta del Estado.
El COACE lleva trabajando, sobre todo en los últimos compases del pasado año, en aumentar los reclamos para que las instituciones competentes solventen el vacío legal que adolecen Ceuta y Melilla en materia de ordenación del territorio, que no pasa por otra solución que no sea la redacción de una Ley de Ordenación Territorial Integral, «que no sólo actualice y ordene toda la normativa vigente, sino que además nos evite indefensión ante los vacíos legales, dotándonos de herramientas autónomas, flexibles, y con un carácter ampliamente aperturista y poco coercitiva, para enfocar la ordenación del territorio en virtud de las situaciones socio-económicas, y de cualquier índole, a las que se enfrente esta ciudad española, bien sea en el presente, o bien sea en el futuro».
