La crisis migratoria desatada a finales de julio en Ceuta ha dejado al descubierto una grave situación de desprotección para las mujeres y menores que permanecen en la ciudad autónoma. Ante el temor constante a sufrir agresiones sexuales en la vía pública —resumido en la contundente afirmación de una menor de 17 años que admite sentir miedo a ser violada—, cerca de 300 mujeres y niñas migrantes se agrupan en asentamientos improvisados como el del campo de fútbol Sala El Cudia, en el barrio del Príncipe, buscando la seguridad que no encuentran en la calle.
Este campamento, delimitado por vallas y cubierto con lonas, nació sin carácter oficial como una medida de contención vecinal para ofrecer refugio, alimentos y espacios de aseo. Los propios residentes y voluntarios de la zona han asumido labores de asistencia y patrullaje nocturno alrededor del perímetro para repeler a personas que intentan aproximarse, llegando a retirar armas blancas y objetos peligrosos a lo largo de las últimas semanas. Las residentes que no consiguen plaza en estos espacios recurren a pernoctar agrupadas en bosques y zonas urbanas para intentar protegerse mutuamente.
Los testimonios recogidos en el terreno reflejan que la gran mayoría de estas jóvenes huyen de situaciones extremas en sus países de origen, como violencia machista, agresiones físicas, intentos de matrimonio forzado o persecución familiar. A este desgarrador contexto de origen se suma el terror cotidiano a ser víctimas de violencia sexual durante su permanencia en la ciudad, habiéndose registrado ya denuncias y procedimientos policiales por agresiones tras su llegada.
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Frente a esta coyuntura de alta vulnerabilidad, el Ejecutivo central mantiene sobre la mesa la previsión de trasladar a unas 500 niñas y jóvenes desde estos asentamientos informales hacia recursos de acogida en la Península, un proceso administrativo que de momento continúa pendiente de concreción.
