El Gobierno ha presentado a sus socios de investidura un real decreto-ley de vivienda que incluye un conjunto de medidas, a pocas horas de que se celebre el Consejo de Ministros. Sin embargo, el acuerdo se complica debido a las diferencias entre Junts y otras formaciones de izquierdas como ERC y Podemos. El Ministerio de Vivienda continúa las negociaciones en un intento por alcanzar un consenso.
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Uno de los principales puntos de discordia es la protección ante los desahucios. Junts propone que el veto a los lanzamientos solo se aplique si la vivienda es propiedad de un fondo de inversión, mientras que otros socios abogan por una prohibición general. No obstante, hay consenso en prohibir la compra de viviendas por parte de grandes fondos.
Otra propuesta del Gobierno es la estabilización de los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos de subidas abusivas de precios. Esta medida implicaría una congelación de los precios de los contratos. Junts sugiere proteger a los pequeños propietarios que rebajen voluntariamente los alquileres, excluyéndolos de los desahucios y ofreciéndoles rebajas de IRPF.
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El decreto también busca regular el alquiler de temporada para evitar abusos en los contratos de corta duración y establecer un IVA del 21% a los pisos turísticos. Además, se contemplan bonificaciones fiscales para inquilinos, aunque podrían excluirse a las familias hipotecadas, como plantea Junts.
Entre las novedades en negociación, se incluye la posibilidad de ayudas directas para la compra de la primera vivienda. El Gobierno también propone el blindaje del parque estatal de vivienda y rebajas del IVA para promotores de vivienda protegida.
