Una investigación interna de la empresa pública Tragsatec ha confirmado la existencia de graves deficiencias en la contratación y supervisión de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. El informe, remitido al Tribunal Supremo a pocas semanas del inicio del juicio, apunta a que la falta de control sobre su desempeño se debió, en gran medida, a la «presión» ejercida por ADIF.
Un sueldo sin actividad laboral
Según la acusación del fiscal, Rodríguez percibió un total de 43.978 euros entre 2019 y 2021 a través de contratos en Ineco y Tragsatec, a pesar de que presuntamente nunca desempeñó tarea alguna. En el caso concreto de Tragsatec, la trabajadora cobró 9.500 euros por un periodo de seis meses en 2021.
La propia implicada reconoció durante la instrucción que no asistía a su puesto de trabajo, una versión que coincide con los testimonios de sus supervisoras, quienes afirmaron haber recibido órdenes de «dejar en paz a la sobrina del ministro» cuando cuestionaron su falta de fichaje.
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«Se identificaron incidencias relacionadas con el registro horario que fueron advertidas en reiteradas ocasiones, sin que se adoptaran medidas correctivas», señala el informe de cumplimiento de la empresa.
Irregularidades en el proceso de selección
La auditoría interna de Tragsatec revela que no solo falló el control posterior, sino que el propio acceso de Rodríguez a la empresa pública fue irregular. El informe destaca:
- Ausencia de entrevista técnica: No consta que se realizara esta prueba obligatoria según la normativa interna.
- Falta de supervisión de ADIF: Al realizarse los servicios en dependencias de ADIF, era este organismo el responsable de asignar tareas, pero nunca comunicó incumplimiento alguno.
- Mecanismos de alerta desactivados: A pesar de las advertencias internas, no se activó ningún protocolo formal de sanción o corrección.
El horizonte judicial
Estos hechos forman parte de la pieza que el Tribunal Supremo juzgará a partir del próximo 7 de abril. En el banquillo se sentarán el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.
La Fiscalía sostiene que Ábalos utilizó su «superioridad jerárquica» para promover estas contrataciones a través de una «presión moral eficiente». Por su parte, la Audiencia Nacional mantiene como investigada a la entonces presidenta de ADIF, Ana Pardo de Vera, por su presunta responsabilidad en la gestión de estos contratos.
