El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este sábado una orden ejecutiva para proteger los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano que se encuentran en cuentas del Tesoro estadounidense, ante el riesgo de embargos o procesos judiciales que podrían poner en peligro objetivos estratégicos de Washington. Trump ha calificado la situación como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, declarando oficialmente una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza.
Según un comunicado oficial de la Casa Blanca, la orden ejecutiva firmada por Trump busca impedir que tribunales o acreedores embarguen o embistan los ingresos petroleros venezolanos que se encuentran en cuentas de depósito gubernamentales del Tesoro de los Estados Unidos. Estos ingresos provienen de la venta de crudo y están custodiados por Washington con fines gubernamentales y diplomáticos, pero, sin protección legal, podrían quedar vulnerables a reclamaciones legales de terceros.
La orden declara que permitir que estas cuentas sean objeto de embargos, sentencias, gravámenes o cualquier otro proceso judicial sería una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y por ello se prohíbe que se ejecuten o se reconozcan esos embargos sobre los fondos. Las disposiciones legales invocadas incluyen la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 y la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que autorizan al presidente a tomar medidas extraordinarias en respuesta a amenazas al país.
El texto de la orden establece que el Secretario del Tesoro debe designar los ingresos petroleros venezolanos como propiedad soberana del Gobierno de Venezuela bajo custodia de Estados Unidos —y no como propiedad estadounidense— y cumplir estrictamente las instrucciones del Secretario de Estado para cualquier desembolso o transferencia de estos fondos, impidiendo que se utilicen con otros fines.
La medida se produce en medio de movimientos más amplios de la Administración Trump en relación con Venezuela: la ofensiva incluye acciones militares para capturar a Nicolás Maduro y fortalecer la influencia estadounidense en la región, así como controles sobre la venta y administración del petróleo venezolano. Trump también tiene previsto promover que las grandes petroleras estadounidenses inviertan hasta 100.000 millones de dólares en el sector energético de Venezuela, bajo condiciones de “seguridad total” para sus inversiones y con la idea de que parte de la producción llegue a refinerías norteamericanas.
Funcionarios de la Casa Blanca han defendido la protección de estos fondos como necesaria para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela, además de contribuir a los esfuerzos de Estados Unidos para frenar flujos ilegales de inmigración y narcóticos desde la región, combatir la influencia de actores considerados adversarios y promover la seguridad hemisférica.
La orden se firmó mientras Trump se encontraba en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), en el marco de una estrategia que combina presión política, control de recursos energéticos y propuestas de inversión estructural en el país sudamericano.
Puntos clave de la orden ejecutiva
- Trump declara emergencia nacional para proteger fondos petroleros venezolanos.
- La orden bloquea embargos y procesos judiciales contra esos ingresos.
- Los ingresos están declarados como propiedad soberana de Venezuela bajo custodia de EE. UU.
- La medida forma parte de una estrategia mayor para reactivar el sector petrolero venezolano con inversiones.
- Se enmarca en el objetivo de establecer estabilidad política, frenar inmigración y narcotráfico, y contrarrestar influencias adversarias en la región.
La firma de esta orden ejecutiva representa un paso significativo en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, poniendo bajo protección legal los ingresos del petróleo venezolano en cuentas estadounidenses y rechazando cualquier intento de embargo o reclamación internacional que pudiera debilitar los objetivos de Washington en la región. La declaración de emergencia nacional refuerza el compromiso de la Administración Trump de salvaguardar estos activos clave y orienta la política energética y diplomática estadounidense en un momento de tensiones geopolíticas elevadas.
