Una comunicación interna de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, el pasado lunes, día 19 de septiembre, ha encendido todas las alarmas en una parte muy importante del colectivo policial. Afecta a más de cincuenta mil funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional, pertenecientes a la Escala básica, lo que es igual, al setenta y ocho por ciento de funcionarios que componen el CPN. En dicha comunicación sine die, se anuncia “futura convocatoria de plazas para cursar el Grado en Estudios Policiales a través del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional”.
Por ello la Agrupación Reformista de Policías, en el día de ayer, ha solicitado al Ministro del Interior, un Pleno urgente de la Comisión de Personal y proyectos Normativos del Consejo de Policía, y exigen a los sindicatos denominados representativos que aborden de una vez este proceso o se dirijan a la sede los juzgados en la Plaza de Castilla (Madrid) denunciando el incumplimiento de la RECLASIFICACIÓN DE LA ESCALA BÁSICA AL ‘GRUPO B’ Y MEJORA DE LOS HABERES REGULADORES PARA LAS JUBILACIONES. No podemos consentir ningún tipo de exclusión entre funcionarios de una misma Escala, en la mayoría de los casos realizan mismas labores profesionales. Estamos hartos de retrasos injustificados por parte del Ministerio del Interior y de su Dirección General de la Policía, circulares e informaciones durante años de algunos sindicatos lamentándose y temiéndonos lo peor a raíz de esta información de la División de Formación.
En dicha comunicación, se difiere de otra confeccionada por la División de Personal que data del 2020, en el que se trataba de informar a los jefes de plantillas, como obtener la equivalencia de Técnico / Técnico Superior, para policías y oficiales, de escaso o nulo conocimiento por parte de los funcionarios, desde entonces.
La solicitud de ARP, sin duda, supondría poner fin a una grave discriminación que venimos soportado los policías nacionales, durante los últimos 27 años que requiere una escrupulosa vigilancia de todas las formaciones políticas y sociedad plural.
ARP, viene solicitando tanto en la Secretaría de Estado de Seguridad, como al actual Ministro del Interior, Sr. Marlaska, una actuación al respecto. La Política del actual equipo de la Dirección General, inmovilista, conservadora, y “enseñando el camino de los Tribunales Superiores de Justicia o Supremo” para conseguir mejoras en el CPN de forma individual o colectiva, nos obliga a pensar que estamos en la antesala de una nueva maniobra, como la sucedida con el último acuerdo salarial firmado, con respecto al pretendido Grupo B. Nos ningunea una administración policial “retrasando y sustrayendo a la escala mayoritaria del CPN, debido a la compleja situación del sistema de representación, más pendiente de otras actuaciones impropias sindicalmente, que nos conducen si no se impide, al abismo a todo un colectivo en sus diferentes escalas y categorías.
La Escala Básica, la más desfavorecida profesionalmente, al menos así lo vienen demostrando a este sindicato policial reformista, premia a los altos cargos de la DGP valedores de estas políticas restrictivas “ a cruzar el charco y situarse en embajadas y misiones en el extranjero”, es un run, run, desalentador en cada nombramiento que afecta a reconocidos profesionales desde el trabajo serio y riguroso, son desplazados, por los designados de libre designación desde el Ministerio del Interior. Un mal endémico que perdura en una institución que requiere un cambio profundo, mientras tanto, nos mantienen en la “humillación y degradación profesional”, pese a lavados de cara y noticias que maquillan, un cuerpo “desorientado profesionalmente”.
La reclasificación de la Escala Básica, es de justicia y responde tanto al incremento de los niveles académicos exigidos para el ingreso, como a la cualificación profesional adquirida tras el paso por la Escuela Nacional de Policía, más el período de prácticas en los respectivos puestos de trabajo de las unidades policiales; conocimientos y habilidades que deberían ser suficientes para homologar la formación y especialización lograda como equivalente, a efectos retributivos y administrativos, a la Titulación propia del Grupo B (Técnico Superior) y para que los haberes reguladores del cálculo de la pensión sean actualizados a ese Grupo B. Así se contempla por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y se trata ahora de favorecer desde la DGP, a un número mínimo de profesionales, oficiales de policía, si bien, sin fecha concreta para su reciclaje.
La LO. 9/2015 sobre Régimen de Personal de la Policía Nacional. Entró en vigor a finales del verano del 2015, su disposición transitoria primera, establece que las titulaciones a las que se refiere el artículo 41.3 para acceder por promoción interna a la categoría superior a la que se ostente, se exigirán una vez transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley Orgánica. ¡No se ha desarrollado en todo este tiempo!
En ésta misma disposición señala que será la propia Dirección General de la Policía quienes llevarán a cabo las actuaciones necesarias, tendentes a facilitar la obtención de las titulaciones por parte de los policías nacionales, que no estuvieran en posesión de estas, con el fin de posibilitar su promoción interna. Esta circular del pasado día 19 de Septiembre, es prueba de ello, sine die y excluyendo a policías nacionales, algunos con más titulaciones académicas que los propios mandos, otros “condenados en el ostracismo” al ver como se incumplen los tiempos, hasta la jubilación de la mayoría de éstos.
Cansados y ninguneados, exigimos un pleno extraordinario de la Comisión de Personal y Proyectos normativos del Consejo de Policía, donde se aclare el futuro de cincuenta mil funcionarios pertenecientes a la Escala Básica, no exentos razón y justicia en derecho, adquirida por las reformas habidas para el ingreso y promoción interna en el CPN, promovidas por las formaciones políticas con alternativa de gobierno en este país.
