MADRID. — La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha arremetido duramente este martes contra el Ejecutivo tras el anuncio de la desclasificación de los informes de inteligencia relativos a la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Millán ha tildado la medida del Consejo de Ministros como una «cortina de humo» destinada a «desviar su posible responsabilidad penal ante la Audiencia Nacional».
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El Gobierno ha confirmado la desclasificación de la documentación remitida entre el 1 de julio y el 1 de agosto por el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque el texto no estará disponible públicamente hasta este miércoles. Ante este anuncio, la portavoz de Vox ha asegurado no esperar «nada» del proceso.
«¿Alguien se puede creer que el Gobierno va a desclasificar documentos que le ponen en evidencia? Hay que ser muy ingenuo», ha aseverado Millán durante una rueda de prensa en la Cámara Baja. Asimismo, ha insinuado que desde el Ejecutivo «posiblemente se ha ordenado a los mandos de la Guardia Civil manipular sus informes para excluir a Marruecos».
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Acusaciones de chantaje y tensión en el inicio escolar
En su comparecencia, Millán ha elevado el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha calificado de «agente marroquí», afirmando que España se encuentra en una situación de «guerra» en la que «el Gobierno está con Marruecos». «¿Qué tiene la inteligencia marroquí de Pedro Sánchez? Es víctima de un chantaje y nos hace a nosotros víctimas», ha cuestionado, sugiriendo que esta relación explica la postura del Ejecutivo frente a jueces y fuerzas de seguridad.
Por otro lado, la formación ha anunciado que solicitará la comparecencia en el Congreso de la ministra de Educación, Milagros Tolón, para exigir explicaciones sobre la situación de los centros educativos en la ciudad autónoma.
Millán ha denunciado que el inicio del curso escolar en Ceuta se produce en un clima de inseguridad donde «las niñas tienen que ir con gas pimienta y alarmas, y los niños van con miedo al colegio, rodeados de militares y con seguridad privada». Según la portavoz, existen instalaciones educativas «ocupadas, vandalizadas o usadas para albergar inmigrantes», sosteniendo que los colegios deben ser exclusivamente para los niños españoles y reiterando que los migrantes «deberían haber sido devueltos a su país».
