Hemos publicado que Teresa López, diputada de Vox Ceuta en el Congreso, votó en contra la creación de los Fondos COVID-19, de los que Ceuta recibirá 25 millones de euros. Vox asegura que es una fakenew. Nada más lejos, López votó en contra del Real Decreto para la creación de dicho Fondo, la información está disponible en la web del Congreso
Vox se defiende diciendo que votaron a favor de crear el Fondo a través de un Proyecto Ley, pero «olvida» mencionar que esto retrasaría la creación del Fondo COVID-19 varios meses -una media de cinco-
El partido de extremaderecha se agarra a una estrategia parlamentaria de su Grupo para justificar a su diputada en el Congreso, Teresa López, que ha votado en contra del Real Decreto para la creación de los Fondos COVID-19, como se puede consultar en la propia web del Congreso.
La excusa que pone Vox Ceuta para atacarnos -una vez más y ya son muchas- es que aunque votaron «No» al Real Decreto, sí votaron a favor de que el Fondo COVID-19 se cree mediante un «Proyecto de ley«. Sin embargo, los ultraconservadores olvidan mencionar que, como su propio nombre indica, un «Proyecto» de ley conlleva una serie de trámites burocráticos que retrasarían la aplicación de la medida varios meses -puede que hasta medio año-.
Para empezar, habría que esperar a que el Gobierno realizase un Consejo de Ministros en el que aprobase dicho Proyecto de ley. Luego, habría que remitir el Proyecto al Congreso de los Diputados «acompañados de una Exposición de Motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos» (art. 88 CE). Posteriormente, la Mesa del Congreso recibiría el texto y ordenaría su publicación en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados (BOCG) y lo enviaría a la Comisión correspondiente. Una vez superado este trámite y a partir de la fecha de publicación, «los Grupos Parlamentarios disponen de 15 Días para presentar Enmiendas al texto, salvo que la Mesa, a petición de algún Grupo, acuerde un aplazamiento (art.110 RC)».
Si algún grupo parlamentario presentase una enmienda a la totalidad del proyecto, tendría que celebrarse un debate en el Pleno. Una vez superado este trámite, pasaríamos al siguiente -sino hay enmiendas a la totalidad pasaríamos directamente a este- que consiste en «Ponencia» de un grupo reducido de diputados representantes de todos los Grupos Parlamentarios que, a puerta cerrada, redactarían «un Informe a la vista del texto remitido por el Gobierno y de las enmiendas presentadas» (art. 113 RC).
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Así, una vez concluido el Informe de la Ponencia, la Comisión se reuniría de nuevo para debatirlo, y debatir también todas las enmiendas, artículo por artículo. Tras votarlos, la Comisión tendría que emitir un Dictamen que sometería al Pleno de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios disponen de 48 horas, desde la aprobación del Dictamen, para comunicar cuáles de los votos particulares y enmiendas que resultaron rechazados en la Comisión tienen intención de defender en el Pleno (art. 114-116 RC).
Una vez cumplimentado todo este proceso burocrático que, insistimos, se prolongaría durante meses de manera inevitable, habría que volver a debatir el Proyecto de Ley en el Pleno del Congreso y supondría «el final de esta primera fase de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, que pasa entonces al Senado» (art. 118 RC).
Por último, una vez recibido el texto, el Senado dispone de dos meses para tramitar el Proyecto de ley, y dependiendo de si lo ratifica o lo veta, este todavía podría demorarse por más tiempo.
Aún tramitándose por la vía de «urgencia», serían meses los que tardaría en salir adelante el proyecto, porque esta vía solo reduce algunos plazos: «Cuatro días para la presentación de enmiendas y propuestas de veto que puede ampliarse dos días más, dos para designar Ponencia, cuatro para que ésta emita informe y cinco como máximo para que la Comisión elabore el dictamen (artículo 135 Reglamento del Senado)».
Precisamente, el Decreto ley está ideado para solventar todos estos trámites burocráticos y aplicar medidas de carácter urgente, como lo es la creación y distribución del Fondo COVID-19. La crisis económica que azota a toda España y particularmente a Ceuta no está dispuesta a esperar una media de cinco meses, que es lo que tarda en salir adelante un Proyecto de Ley.
