El Gobierno de Pedro Sánchez cierra 2025 en una situación paradójica: mientras la economía marca récords históricos, el panorama político se complica para el Ejecutivo. Crecimiento del empleo, aumento de la recaudación fiscal y subidas de pensiones y salarios públicos contrastan con un clima de presión política y desafección en el electorado progresista.
Uno de los puntos de inflexión ha sido la caída del PSOE en Extremadura. La pérdida de esta comunidad autónoma no solo significa un revés electoral, sino que evidencia la desmovilización de parte del votante progresista frente a una derecha que concentra apoyos incluso en territorios históricamente de izquierdas.
Ante un Congreso bloqueado y con Junts marcando límites claros, Moncloa prepara un “golpe de efecto” a través de medidas que no requieran votación parlamentaria. El Gobierno pondrá el foco en vivienda, al tiempo que implementará subidas de pensiones y un nuevo abono único de transporte, decisiones difíciles de rechazar políticamente.
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Los socios del Ejecutivo, a menos de un año de las elecciones generales, buscan cumplir compromisos sin derribar al Gobierno, mientras que la sombra de la justicia planea sobre el Ejecutivo. Entre causas judiciales sensibles y un juicio mediático que involucra a Ábalos, Cerdán y Koldo, Sánchez encara un 2026 lleno de desafíos. Paralelamente, el PP enfrentará su propio calvario judicial con el caso Kitchen, reavivando el debate sobre el uso político de las instituciones del Estado.
El calendario electoral comenzará con Aragón en febrero, seguido de Castilla y León en marzo y Andalucía más adelante. Estas citas serán las primeras pruebas para evaluar si la derrota en Extremadura fue un incidente aislado o el inicio de un ciclo político adverso para el PSOE.
