La Fundación Disenso, vinculada a Vox, ha publicado un informe en el que pone en duda la condición de españoles de alrededor de 2,5 millones de ciudadanos que, aunque poseen la nacionalidad, nacieron fuera de España. El documento sostiene además que la inmigración supone una amenaza para el Estado del bienestar al considerar que, en su mayoría, los recién llegados son personas con escasos recursos económicos.
La organización plantea que esta situación genera un coste adicional para las arcas públicas y alerta sobre lo que califica como un riesgo social y económico. Desde sectores críticos, estas afirmaciones han sido interpretadas como un intento de cuestionar derechos adquiridos y de excluir a una parte significativa de la población española.
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La polémica reabre el debate sobre la integración, la nacionalidad y el papel de la inmigración en una sociedad que, según datos oficiales, necesita mano de obra extranjera para sostener su sistema de pensiones y atender la demanda laboral en sectores clave.
