Por Alina Rudel
La violencia de género se ha amoldado a los límites impuestos por la pandemia. El número de denuncias ha presentado un ligero descenso respecto al 2019 y la cifra de crímenes machistas es la más baja de la historia. No obstante, la Fiscalía advierte en su memoria anual que el maltrato psicológico y digital “ha sufrido un notable incremento”
El informe presentado por la Fiscalía General del Estado analiza los efectos que ha presentado el covid-19 en relación a la violencia de género. El confinamiento ha sido un factor clave en reducir la violencia física en su forma más grave con 47 víctimas mortales. Esto se debe a que el agresor ha tenido el control total aumentando el maltrato psicológico hacia su víctima. Como consecuencia, se han multiplicado las dificultades para formular una denuncia. El Ministerio Fiscal afirma que “la mujer se siente más insegura y no vea como opción viable la denuncia y prefiera disminuir su respuesta hacia el agresor no enfrentándose, de manera que la espiral de la violencia latente reduce su presión”.
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Un dato importante que emite la memoria es que las víctimas presentan una “desconfianza hacia el sistema judicial”. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el año pasado se formularon 150.758 denuncias, un 17.272 menos que en 2019. Esto se debe a que las víctimas han tenido dificultades para recurrir a las autoridades, a pesar de contar con denuncias telemáticas y telefónicas, al estar dominadas por sus agresores. Sin embargo, estas vías “no favorecen la acogida y el apoyo que precisan las víctimas de violencia de género”. Por ello, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que es necesario un fortalecimiento de las Oficinas de Asistencia a la Víctima para que sea “atendida, apoyada y asistida por personal cualificado y especializado desde el primer momento”. Así como, del “incremento de medios personales en juzgados y fiscalías”.
En cuanto a las relaciones afectivas sin convivencia, la limitación de la movilidad ha tenido un efecto positivo haciendo que el agresor no pueda acercarse a la víctima. Según el informe, “la imposibilidad de salir a la calle y relacionarse socialmente ha reducido las situaciones de presión que provocan los celos y las agresiones”. No obstante, ha habido un aumento de control a través de las nuevas tecnologías, sobre todo, en las relaciones afectivas de los jóvenes donde hay presentes “múltiples y variadas situaciones de dominio, control y maltrato psicológico y físico del varón sobre la mujer”. Una realidad no contemplada en el Código Penal, pero sí necesaria para proteger adecuadamente a las víctimas expuestas en las diversas redes sociales.
Otro de los problemas intrínsecos de la sociedad patriarcal, que visibiliza la Fiscalía, es la violencia vicaria, un maltrato que ejerce el hombre contra los hijos para causar daño a la mujer. Lo hace poniendo de ejemplo lo sucedido en Tenerife donde dos niñas fueron secuestradas y asesinadas por su progenitor. Además, en el año 2020, los estragos de la violencia de género dejaron a 28 menores huérfanos y trece víctimas como un bebé de cinco meses y una niña de diez años. Por consiguiente, el Ministerio Fiscal manifiesta que es necesario incluir a las menores en las valoraciones de riesgo con un aumento de las unidades de valoración y un equipo preciso de recursos, ya que son víctimas colaterales que requieres protección por parte del poder judicial.
