Cuatro años después de la adopción del Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular, las organizaciones Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge y Asociación Rumiñahui asistieron al primer Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI). Este se celebró en la sede de Naciones Unidas en Nueva York la pasada semana, con el objetivo de debatir y analizar los avances y desafíos a nivel local, regional, nacional y mundial en materia migratoria
Mientras los Estados firmantes destacaban en sus intervenciones las numerosas medidas adoptadas para dar cumplimiento a los 23 objetivos recogidos en el Pacto, las organizaciones de la sociedad civil denunciaban en el «Foro paralelo de los Pueblos» la muerte de más de 50.000 personas en las rutas migratorias, la explotación laboral de miles de personas migrantes y la falta de vías seguras y regulares.
En este sentido, durante las diferentes mesas de trabajo en el encuentro organizado por la sociedad civil, las organizaciones destacaron el importante papel del «Pacto Mundial para las Migraciones» como guía para que los estados articulen políticas migratorias que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, y la necesidad de recoger datos que visibilicen la situación y ayuden a la toma de decisiones.
Así lo ha manifestado Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui, en representación de las cinco organizaciones: «los Gobiernos tienen unos discursos a medias y nada progresistas», y ha añadido: «es importante que, de aquí a los próximos 4 años, se establezcan indicadores que permitan conocer realmente los avances en la consecución de los objetivos y que los Estados rindan cuentas de sus políticas migratorias».
El Estado español ante el Pacto Mundial de Migraciones
Durante el Foro, el Estado español -como país firmante del Pacto- presentó su informe de seguimiento de las medidas aplicadas en materia migratoria. Todas ellas contrastan con el informe Migrar por derecho, realizado por estas organizaciones, que pone de manifiesto que, si bien España ha realizado algunas reformas, su impacto ha sido limitado, no abordan los problemas más estructurales y se sigue apostando por el cierre de fronteras.
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En este sentido, como afirma Pablo Iglesias, técnico de incidencia política de Médicos del Mundo, «nuestro informe recoge las principales recomendaciones de los tratados internacionales de derechos humanos y viene acompañado por propuestas legislativas específicas y aplicables mediante las cuales España puede avanzar hacia el cumplimiento del Pacto».
Estas medidas fueron presentadas al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Migrantes, Felipe González; al Presidente del Comité de Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas, Edgar Corzo; a diferentes instituciones internacionales; a la delegación Española de Naciones Unidas y a la Defensoría del Pueblo como organismo nacional de derechos humanos en el marco del Foro, así como en las distintas mesas del Foro paralelo de los Pueblos.
Tras estos encuentros, las organizaciones destacan que «el informe tuvo una buena acogida en el Foro, siendo el único informe de sociedad civil que se presentó y que recogía tanto el impacto de las políticas migratorias en la población, como las propuestas de las propias personas migrantes a través de diferentes encuentros realizados desde el ámbito local», afirma Paloma García, Directora de Desarrollo Estratégico de Red Acoge.
Además, el Estado español también presentó un documento de compromisos de acción en la aplicación nacional por parte de España del Pacto Mundial de las Migraciones, con aplicación entre 2022 y 2026. Un documento que las organizaciones esperan que sirva para reorientar algunos aspectos fundamentales de la política migratoria española en coherencia con los compromisos asumidos, estableciendo vías regulares y seguras para la migración laboral y garantizando, protegiendo y respetando los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad.
