Las administraciones públicas españolas siguen sin lograr los objetivos que se habían marcado en cuanto a su obligada digitalización. Deberes sin acabar. Aunque algo se haya avanzado, los portales informáticos disponibles no logran facilitar a sus usuarios un cómodo y fácil tránsito por las redes hacia sus objetivos, ya sea una cita previa, la obtención de una documentación o la simple presentación de cualquier tipo de documento. Una administración pública sin papeles asequible para todos sigue siendo a día de hoy, para la mayoría de españoles, una quimera.
El resultado de un reciente estudio realizado por una consultora internacional a diferentes administraciones españolas sobre el grado de cumplimiento, gestión y ejecución de sus objetivos de adaptación al nuevo marco normativo existente sobre la ineludible digitalización en las administraciones, sitúa a los ayuntamientos muy por debajo de los objetivos previstos, aun siendo ésta la administración más cercana a los ciudadanos y, por lo tanto, la que más comprometida debería estar en la culminación de este inevitable proceso.
Parece ser que el adiós definitivo al papel, dando paso a sus formas telemáticas, tendrá que esperar, por lo que los ciudadanos no disfrutarán plenamente de los beneficios que ofrece una administración electrónica menos burocrática, asequible, más eficaz y barata que conlleve además evitar las consecuencias tan negativas que tiene para su práctica la obtención de su materia prima -el papel- y las nefastas consecuencias para el medioambiente.
La Ley 39/2015 en sus artículos 70.2 y 75.2 precisa sin ambigüedad cómo deberá ser la tramitación de los expedientes en su formato digital en el sector público de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, etc. que deberán disponer además de un gestor de expedientes electrónicos para atender lo dispuesto en la citada normativa.
Lo que debería ser ya una realidad aún no lo es fundamentalmente por falta de voluntad política. Lo que es considerado como un gran avance por los beneficios que genera, desde mayor agilidad, reducción de tiempo en la tramitación, menor coste, etcétera, para los ciudadanos supone garantías y finalización de los procedimientos en menor tiempo, sin desplazamiento, sin restricciones horarias, ni esperas… Una administración digitalizada no es otra cosa que una administración moderna, más eficiente y más segura frente al modelo tradicional burocrático. El caótico ejemplo que dieron a conocer los medios de comunicación de decenas de archivadores cargados de expedientes apilados en el suelo de la investigación que llevaba a cabo en Andalucía la jueza, Mercedes Alaya, es un claro ejemplo de falta de medios y las consecuencias que produce.
En nuestra ciudad, en nuestro ayuntamiento, hasta que no se produzca el adiós para siempre al sistema tradicional, lento y burocrático, serán los ciudadanos los que seguirán padeciendo con resignación estoica esa falta de voluntad.
