El Consejo de Europa (GRECO) suspende de forma tajante a España al constatar que mantiene a cero el cumplimiento de las 19 recomendaciones emitidas desde 2019. Exige reformar urgentemente el aforamiento del Gobierno y regular los ‘lobbies’.
España se ha consolidado oficialmente como uno de los 15 países europeos que suspenden en la aplicación de las normativas de transparencia y lucha contra la corrupción dirigidas a los altos cargos del Ejecutivo central y a las fuerzas de seguridad del Estado.
Según el balance actualizado este martes por el Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO), la lista de naciones incumplidoras ha escalado desde finales de 2025 (cuando eran 11 países) hasta alcanzar los 15 actuales tras sumarse nuevos Estados en las evaluaciones de marzo y junio.
El «club» de los incumplidores en Europa
España comparte esta señalada posición en el continente con potencias vecinas y otros socios de la región:
Lista negra del GRECO (2026): Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia.
El informe de evaluación para España, emitido originalmente en agosto del año pasado, fue demoledor: los expertos de la institución concluyeron que ninguna de las 19 recomendaciones planteadas formalmente desde el año 2019 se había cumplido de manera completa.
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Los tres grandes «puntos negros» totalmente desatendidos
De las recomendaciones analizadas, existen tres exigencias fundamentales en las que España no ha realizado ningún tipo de avance en los últimos siete años:
- Control estricto a los asesores del Gobierno: El organismo exige que el ecosistema de asesores directos del Ejecutivo se someta al mismo régimen riguroso de transparencia, idoneidad y exigencias de seguridad que los propios ministros y secretarios de Estado.
- Fin al aforamiento político: Se urge a reformar de inmediato el aforamiento judicial de los miembros del Gobierno para evitar que esta figura jurídica actúe como un escudo o impida actuar a la justicia ordinaria ante sospechas firmes de corrupción.
- Regulación real de los grupos de presión (lobbies): El GRECO reclama la creación de un marco normativo transparente que obligue a identificar con nombres y apellidos a las personas que se reúnen con miembros del Gobierno o el Parlamento, así como los asuntos específicos y objetivos que tratan en dichas reuniones.
Presión internacional y plazos
Ante la falta de resultados, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, remitió una carta formal al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, instándole a tomar una «acción determinada con vistas a lograr progresos tangibles tan pronto como sea posible». España se encuentra ahora contra el reloj: el GRECO ha fijado como plazo límite finales de este año para que el país implemente las reformas antes de someterse a un nuevo examen.
A pesar de este escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la postura española durante un foro de la OCDE celebrado este lunes. Sánchez aseguró que su Ejecutivo ha ido incorporando activamente las directrices del GRECO en sus reformas nacionales, subrayando que «la cooperación internacional y el aprendizaje entre pares son esenciales si queremos construir instituciones resilientes, transparentes y responsables».
