La Justicia italiana ha vuelto a desafiar la política migratoria del gobierno de Giorgia Meloni al suspender la repatriación de un grupo de siete inmigrantes egipcios y bangladesíes desde centros de retención en Albania. Esta decisión se produce mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) evalúa la legalidad de estos centros.
El Tribunal de Roma ha remitido el caso al TJUE, lo que implica una pausa en la ejecución de la llamada ‘Operación Albania’. Esta operación, impulsada por Meloni, busca gestionar la repatriación de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo desde instalaciones en Albania.
El vicepresidente del Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, ha criticado la decisión judicial, calificándola como una ‘sentencia política’ que va en contra de la seguridad de los italianos. Salvini ha afirmado que el Gobierno y el Parlamento tienen el derecho de proteger a los ciudadanos y que actuarán en consecuencia.
Esta es la segunda vez que la Justicia italiana detiene la ‘Operación Albania’, que comenzó con la llegada de 16 inmigrantes a centros en Shengjin y Gjiader. Sin embargo, debido a decisiones judiciales, todos los inmigrantes han sido devueltos a Italia.
La primacía del derecho comunitario ha sido un factor clave en este caso. Según una sentencia reciente del TJUE, un país debe ser seguro en todo su territorio para ser considerado como tal, lo que impide la repatriación a Egipto y Bangladés.
En respuesta, el gobierno de Meloni intentó blindar la lista de países seguros mediante un decreto, manteniendo a Egipto y Bangladés en la lista para facilitar las expulsiones. No obstante, la sentencia actual deja el proceso en ‘suspenso’ y lo remite a Europa.
La estrategia de Meloni ha generado interés y críticas en Europa, principalmente debido a su viabilidad y coste. Hasta ahora, solo 24 inmigrantes han sido trasladados a Albania en dos operaciones distintas, todos rescatados cerca de Lampedusa.
Este caso también ha provocado tensiones entre el Ejecutivo y el poder Judicial en Italia. Representantes del Gobierno, especialmente Salvini, han acusado a los jueces de interferir políticamente para impedir las retenciones en los centros albaneses.
