WASHINGTON. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una orden ejecutiva que impone aranceles de entre el 10% y el 12,5% a más de 60 países, entre los que se encuentran España, los miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, China, India, Japón, Corea del Sur y México. La Casa Blanca justifica la medida alegando que estas naciones no han adoptado acciones suficientes para frenar las importaciones de productos fabricados mediante trabajo forzoso.

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La entrada en vigor de este nuevo paquete arancelario sustituye al arancel universal del 10% fijado en enero, cuya vigencia de 150 días expiraba esta medianoche. Con este movimiento, la Administración busca evitar un vacío legal que hiciera colapsar su política de protección comercial tras los recientes reveses judiciales.

Un escudo basado en la Ley de Comercio de 1974

Desde la Administración estadounidense se ha calificado la iniciativa como «la acción internacional en materia de derechos laborales más trascendental jamás emprendida por un país». Washington argumenta que socios como la Unión Europea no impiden de forma rigurosa la entrada de bienes procedentes de economías con estándares laborales deficientes.

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Para sostener la medida sin requerir la aprobación del Congreso, el Ejecutivo se ha amparado en el Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, el cual permite imponer medidas compensatorias ante prácticas comerciales consideradas desleales, discriminatorias o injustificables:

Investigaciones previas: El secretario de Comercio, Jamieson Greer, abrió dos expedientes: uno centrado en las deficiencias contra el trabajo forzoso (que afecta a los 60 países sancionados) y otro enfocado en 16 países acusados de sobreproducción.
Alcance masivo: Según cálculos de la Casa Blanca, los nuevos gravámenes afectarán aproximadamente al 99% del comercio de importación de Estados Unidos.

Frente judicial y coyuntura política

El uso del Capítulo 301 es la última estrategia defensiva de la Casa Blanca para mantener en pie su estructura proteccionista. La ofensiva comercial iniciada en abril de 2025 sufre continuos reveses en los tribunales:

Fallo del Tribunal Supremo: En enero, la máxima corte declaró inconstitucionales los aranceles recíprocos al considerar que Trump excedió sus atribuciones al emplear la Ley de Poderes de Emergencia (IEEPA) de 1977 sin el respaldo del Congreso.
Revés del Tribunal de Comercio: Dos meses después, la justicia tumbó el gravamen universal del 10%, aunque se mantuvo en vigor provisionalmente mientras se resolvían los recursos.

Incapaz de conseguir el respaldo del Congreso para prorrogar el impuesto saliente —en un contexto marcado por las próximas elecciones de mitad de mandato y tensiones internacionales como el conflicto en Irán—, el mandatario republicano optó por esta nueva vía legal.

Excepciones y negociaciones en marcha

A pesar del impacto global, el anuncio coincide con el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Se anticipa que las mercancías intercambiadas bajo este acuerdo marco cuenten con exenciones específicas, lo que supone un alivio para los vecinos de Norteamérica.