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Un mes después de los devastadores seísmos de magnitudes 7,2 y 7,5 que causaron 5.398 muertos y 16.740 heridos, la búsqueda de familiares se extiende de los escombros a hospitales y morgues, mientras las iniciativas ciudadanas contabilizan más de 29.000 no localizados y crecen las críticas a la gestión estatal
Un mes después del doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio, la situación de desastre continúa afectando a la población. Tras registrarse un balance de 5.398 personas fallecidas y 16.740 heridas, los ciudadanos mantienen la búsqueda de sus familiares no solo entre los escombros de las edificaciones colapsadas en La Guaira, sino también en centros hospitalarios y morgues. Ante la ausencia de un balance oficial de desaparecidos, la plataforma web Desaparecidos Terremoto Venezuela —impulsada por la ciudadanía tras los seísmos— contabiliza a más de 29.000 personas que no han podido ser localizadas.
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Casos de desaparecidos en centros sanitarios y morgues
Entre los sucesos documentados por el diario El Nacional figura el de Cristina Ramos, una mujer de 70 años cuyo rescate de los escombros de su vivienda en La Guaira fue difundido por la actitud mostrada junto a los voluntarios. Tras ser extraída de la estructura y entregada al personal sanitario en Catia La Mar, su familia no ha vuelto a tener noticias sobre su paradero.
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La gestión en las dependencias funerarias también ha generado situaciones complejas para los allegados. El caso de Amir Infante, un adolescente de 16 años que quedó atrapado entre los muros de un inmueble en colapso y cuya situación fue comunicada por medios de comunicación y familiares durante las 13 horas que permaneció con vida, concluyó con el anuncio de su fallecimiento por parte del periodista Román Camacho. Cuatro semanas después, su padre, Jaime Infante, ha declarado a la agencia Efe que trasladó el cuerpo en moto hasta un hospital de La Guaira, donde fue asignado a un código sin que se le entregara la correspondiente acta de defunción. Posteriormente, el cadáver no fue localizado para su sepultura, lo que ha llevado a la familia a buscarlo en instalaciones de La Guaira y Caracas, con la previsión de someterse a pruebas de ADN para su identificación.
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Informe de Transparencia Venezuela y respuesta institucional
La actuación de las instituciones públicas tras el evento telúrico ha sido objeto de análisis y críticas ciudadanas. Un informe elaborado por la organización Transparencia Venezuela señala que el Estado desplegó el 12,6% de sus capacidades —4.000 funcionarios— durante las primeras 24 horas posteriores a los sismos, alcanzando el 100% de su contingente (31.837 efectivos) el día 18. El documento contrasta esta evolución con el terremoto de Chile de 2010 (magnitud 8,8), donde se activó más del 71% del pico de efectivos a las 48 horas, frente al aproximado 35% registrado en Venezuela en ese mismo intervalo.
El texto de la organización indica asimismo que la mayoría de los 19.861 supervivientes lograron ponerse a salvo por sus propios medios o mediante el auxilio de vecinos y familiares en las primeras 48 horas. A su vez, concluye que la labor de búsqueda y rescate especializado bajo estructuras colapsadas (USAR) recayó en un contingente internacional que alcanzó un máximo de 3,600 efectivos, recordando que el sistema hospitalario nacional operaba al 40% de su capacidad antes de la catástrofe.
Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha recibido críticas publicadas por el medio Runrun.es debido a que tardó cuatro horas y 26 minutos en informar sobre el doblete sísmico, en comparación con el promedio de 20 minutos que requiere el Servicio Geológico de EE. UU. para reportar eventos globales. El portal atribuye esta demora a la dirección militar de la institución, a la falta de presupuesto en el último decenio y al deterioro de la red de medición, que cuenta con tres de cada cuatro estaciones fuera de servicio por abandono o hurtos.
Afectación de infraestructuras y planes de vivienda
Los datos oficiales contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados en su totalidad. Según cifras del Gobierno de Delcy Rodríguez, 17.907 personas perdieron sus viviendas y 23.335 ciudadanos se encuentran albergados en 107 campamentos habilitados. Las autoridades estiman que el número de damnificados se incrementará a medida que progresen las inspecciones técnicas de los inmuebles con daños estructurales, previendo una necesidad inicial de 25.000 soluciones habitacionales.
Ante esta situación, el Ejecutivo prevé la entrega de 4.000 viviendas entre los meses de julio y diciembre. Hasta el momento, 240 familias han recibido inmuebles ubicados en dos edificios construidos por la empresa estatal china CITIC en Fuerte Tiuna (Caracas), integrados en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Este programa ha sido objeto de revisión debido a que parte de los edificios colapsados o dañados en La Guaira pertenecían a dicha iniciativa. Según informaciones de la BBC, cerca del 80% de los 196 edificios del complejo Ciudad Chávez en Playa Grande colapsaron o sufrieron daños severos. La empresa constructora turca Summa argumentó a la cadena británica que las edificaciones cumplían con las normas sismorresistentes vigentes al momento de su edificación, si bien la intensidad de los seísmos duplicó las previsiones contempladas en sus diseños estructurales.
