El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Wehbe, ha anunciado en la Cámara de Representantes que el país votará por primera vez a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la moratoria en la aplicación de la pena de muerte. Según Wehbe, esta decisión representa «un importante paso histórico en materia de derechos humanos».
Compromiso con los derechos humanos
En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la abolición de la pena de muerte, Wehbe declaró que esta votación refleja la voluntad de Marruecos de avanzar en la protección y promoción de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. «Esta decisión es coherente con los grandes avances que está experimentando Marruecos en materia de derechos humanos», afirmó el ministro, según informó el medio Almassaa.
La votación, prevista para el próximo 15 de diciembre, contará con el apoyo de un grupo de países que comparten la misma visión. Según el ministro, este acto es «una expresión del compromiso de no implementar la pena de muerte durante el período cubierto por la resolución», que abarca dos años.
Un país sin ejecuciones desde 1993
Marruecos no ha aplicado la pena de muerte desde 1993, aunque esta sigue vigente en su legislación. La postura de apoyar la resolución de la ONU no implica una abolición inmediata, tal y como matizó Wehbe. «Votar a favor de la resolución no significa automáticamente abolir la pena de muerte», subrayó, recordando que hay países que han respaldado la resolución sin modificar sus leyes que aún contemplan este castigo.
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Una decisión con implicaciones internacionales
La decisión del gobierno marroquí ha sido bien recibida por sectores que defienden la abolición de la pena capital y supone un hito en el camino hacia un posible cambio legislativo en el futuro. Este paso refuerza la imagen del Reino como un país comprometido con la promoción de los derechos humanos y con la adaptación de sus políticas a los estándares internacionales.
Con esta medida, Marruecos se une a un número creciente de países que buscan reducir el uso de la pena de muerte en el mundo, apostando por medidas que garanticen la justicia sin recurrir a prácticas consideradas cada vez más obsoletas en el marco de los derechos humanos globales.
