El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido abrir una diligencia informativa al juez Eloy Velasco, quien actualmente es candidato a presidir la Audiencia Nacional. Esta acción se debe a sus críticas hacia Irene Montero, eurodiputada y exministra de Igualdad, en relación con la ‘ley del solo sí es sí’.
Lee tambien: España mira al mar: la investigación marina gana peso frente al cambio climático
Ricardo Conde, promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, ha iniciado estas diligencias como un paso preliminar para decidir si se debe abrir un expediente disciplinario. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, este procedimiento es habitual y se lleva a cabo cada vez que se recibe una queja. Este año, el CGPJ ha recibido alrededor de 600 quejas.
La diligencia informativa se abrió la semana pasada, poco después de que Conde asumiera su cargo. El procedimiento busca determinar si existe materia disciplinaria suficiente para proceder con un expediente. La queja fue presentada por un particular tras las declaraciones de Velasco en una conferencia el pasado 13 de noviembre, las cuales fueron difundidas por ‘El País’.
Te interesa
Lee tambien: Ocho universidades públicas lideran en rendimiento, investigación e inserción laboral en España
Durante su intervención, Velasco expresó: «De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir… A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás».
Estas palabras generaron una respuesta de Montero en redes sociales. La exministra respondió: «De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar», señalando que la formación específica para magistrados es un mandato legal y recomendado por la ONU. Montero añadió que los estereotipos pueden llevar a interpretaciones erróneas de las leyes por parte de los jueces.
El caso ha suscitado un debate sobre la libertad de expresión y el respeto institucional. Mientras algunos defienden el derecho del juez a expresar sus opiniones, otros consideran que sus comentarios cruzaron una línea al ser despectivos hacia una figura pública y podrían afectar la imparcialidad judicial.
El CGPJ deberá ahora evaluar si las declaraciones de Velasco constituyen una falta disciplinaria. Este proceso es crucial para mantener la integridad y la confianza en el sistema judicial, asegurando que los jueces actúen con profesionalismo y respeto hacia todas las partes involucradas.
En conclusión, el desarrollo de esta diligencia informativa será observado de cerca por el público y los medios, ya que podría sentar un precedente sobre cómo se manejan las críticas y el discurso dentro del ámbito judicial.
